A un año de la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la situación de la compañía de energía no muestra mejoras, según denunció la Liga de Usuarios de la Costa Caribe.
El coordinador de la organización, Norman Alarcón, aseguró que la empresa “no ha mejorado, sino todo lo contrario”, al señalar que no se han realizado inversiones significativas y que las deudas siguen aumentando.
Antes de la toma de posesión, Air-e acumulaba pasivos por $1,9 billones. Hoy, tras un año de intervención, la deuda asciende a $1,7 billones, de los cuales $1,5 billones corresponden a compras de energía a los generadores, reveló Nelson Vásquez, cuarto interventor de la compañía, en una sesión de la comisión accidental de seguimiento en el Congreso.Para la Liga de Usuarios, lo más grave es que el Gobierno no ha garantizado el servicio continuo y de calidad, ni ha asumido las nuevas deudas adquiridas, como lo establecen el artículo 365 de la Constitución y las Leyes 142 y 143 de 1994.
Alarcón recordó que durante la intervención de Electricaribe (2016-2020) el Estado inyectó $7,3 billones, mientras que con Air-e “no se ha brindado ningún respaldo financiero a través del Fondo Empresarial de la Superservicios”.
“El panorama es crítico: la empresa está en insolvencia, las tarifas son de las más altas del país —$886 por kilovatio hora— y persisten violaciones al debido proceso con los usuarios”, advirtió el dirigente. Otro de los reclamos recurrentes es la escasa cobertura en atención al cliente: de los 22 municipios del Atlántico y Barranquilla, solo funcionan diez oficinas para recibir quejas y reclamos, lo que deja sin acceso a miles de usuarios.
