El ambicioso proyecto del presidente Gustavo Petro para construir un aeropuerto internacional en la Alta Guajira continúa sin avances concretos, a pesar de ser uno de los pilares de su política de conectividad y desarrollo regional. Anunciado en enero de 2024 con el objetivo de potenciar el turismo y cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó garantizar la conectividad de esta apartada región y proteger los derechos de las comunidades indígenas, el aeródromo sigue sin despegar debido a la falta de consenso con las comunidades locales.
Según el informe de la Aeronáutica Civil, el sector de Bahía Honda, en la comunidad de El Paraíso, fue identificado como el lugar más adecuado para la construcción del aeropuerto, tras evaluar varias opciones. Sin embargo, el proyecto ha encontrado resistencia principalmente en la comunidad de Pasadena, mientras que las comunidades Errumana y Colonsumana también han manifestado sus desacuerdos. La cesión de los terrenos necesarios para la construcción aún está estancada, lo que ha generado retrasos en los cronogramas de la obra.
Con un costo estimado de 764.000 millones de pesos, el proyecto enfrentará importantes retos logísticos, debido a la necesidad de transportar materiales desde otras ciudades como Cartagena y Barrancabermeja por tierra y mar. Además, la Aeronáutica Civil aún no ha determinado la empresa que se encargará de la operadora logística. La construcción de la pista, con una extensión de entre 2.200 y 3.000 metros de largo, y la participación del Ejército Nacional en las obras, se prevé que pueda tardar entre 18 meses y 4 años, dependiendo de los recursos disponibles.
DESAFÍOS
La senadora Marta Peralta, de origen wayuu, ha sido invitada a mediar en las negociaciones entre las autoridades y las comunidades indígenas para facilitar el proyecto. No obstante, Peralta ha expresado su preocupación por la falta de articulación entre las diferentes entidades gubernamentales. Además, ha destacado la grave situación de infraestructura básica en la región, como la falta de agua potable, energía y vías adecuadas, lo que complica aún más el avance del proyecto.
El componente ambiental también presenta desafíos, ya que, aunque Corpoguajira ha determinado que no se requiere una licencia ambiental, cualquier afectación de recursos naturales deberá ser autorizada. Además, el proyecto debe cumplir con un plan de manejo arqueológico supervisado por el Icanh.
A pesar de estos obstáculos, el Gobierno de Petro mantiene el aeropuerto como una prioridad, buscando cumplir con la orden de la Corte y contribuir al desarrollo económico y social de La Guajira. Sin embargo, las incertidumbres sociales y los problemas de gobernanza en la región continúan amenazando la viabilidad del proyecto.
