La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la situación de seguridad en el departamento de Córdoba de cara a los procesos electorales de 2025 y 2026, tras advertir que la presencia y control de grupos armados ilegales podrían poner en riesgo el ejercicio libre y democrático del voto.
La advertencia fue emitida a través de la Alerta Temprana Electoral 013-2025, en la que la entidad advierte que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, mantiene un control hegemónico sobre amplios sectores del territorio cordobés. Según el documento, este grupo impone normas de convivencia, toques de queda, restricciones a la movilidad, e incluso interviene en Juntas de Acción Comunal (JAC) y resguardos indígenas, consolidando un modelo de “gobernanza armada” que vulnera los derechos políticos y las libertades civiles de las comunidades.
“Su accionar se manifiesta de forma diferenciada según la subregión: en zonas en consolidación, como Urabá-Darién, el occidente antioqueño y el sur de Córdoba, el EGC impone sanciones y reglas”, precisa la alerta. El informe señala que el EGC ejerce presión directa sobre comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, incidiendo en procesos sociales, económicos y políticos. Su presencia en zonas de producción de hoja de coca y con potencial agroindustrial le permite controlar el acceso a tierras, intervenir en proyectos de Zonas de Reserva Campesina y condicionar la ejecución de obras públicas.
La Defensoría advierte que, en algunos casos, el aval del EGC se ha convertido en un requisito informal para aspirar a cargos públicos, consolidando al grupo como un actor político de facto en la región.
Uno de los focos más preocupantes es el de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). La entidad alertó que estas circunscripciones, creadas para garantizar la representación política de las víctimas del conflicto, están siendo cooptadas por el control del EGC, que decide qué candidatos pueden postularse y qué temas se pueden debatir.
