La reforma agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa su marcha con la compra masiva de tierras destinadas a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de reducir la histórica concentración de la tierra en Colombia y dinamizar el desarrollo rural.
Según el más reciente informe del Ministerio de Agricultura, con corte a diciembre del año pasado, el proceso ha logrado la adquisición de 494.556 hectáreas distribuidas en 1.868 predios. De este total, 174.237 hectáreas ya han sido compradas efectivamente por el Estado, mientras que otras 150.819 hectáreas están en etapa de formalización tras haberse aceptado las ofertas de venta por parte de sus propietarios.
En un reciente avance, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adjudicó 2.632 hectáreas en municipios estratégicos del Catatumbo como Ábrego, Ocaña, Tibú, La Esperanza y Teorama, en una región marcada por el conflicto armado y el abandono estatal. Esta entrega se suma a la titulación de otras 1.282 hectáreas realizadas bajo el marco del estado de conmoción interior, que permitió acelerar procesos de formalización agraria.
Adicionalmente, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) informó que, hasta abril de 2025, ha recibido 424 solicitudes para inscribir predios en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), con miras a avanzar en procesos de restitución para víctimas del desplazamiento forzado en esta zona del país.
Donaciones y transferencias
La estrategia de adquisición de tierras también ha incluido otras modalidades. Mediante donaciones se han incorporado 2.240 hectáreas en 30 predios, mientras que a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se han transferido gratuitamente 22.986 hectáreas en 239 predios. Además, mediante procesos de clarificación, deslinde y extinción de dominio, el Estado ha asumido la administración de otras 144.274 hectáreas.
Desde su implementación, la ANT ha liderado estos procesos con base en los lineamientos del Acuerdo de Paz y las políticas agrarias vigentes. Sin embargo, la ejecución ha enfrentado diversos retos, entre ellos dificultades técnicas, administrativas y presupuestales que han impactado el ritmo de compra y adjudicación.
