Por: Maye Rodríguez
Ante los hechos ocurridos el pasado 1 de junio, en la vereda El Once, zona rural del municipio de Agustín Codazzi, Cesar, donde se presentó una situación irregular entre la comunidad yukpa y campesinos, autoridades de ese pueblo indígena aclararon los hechos y resaltaron que no existen una ‘guerra’, todo es producto de la falta de atención estatal y la vulneración de los derechos fundamentales de esa comunidad.
Como se recordará, el pasado fin de semana habitantes de la zona denunciaron el sacrificio de algunas reses por parte de los yukpa, lo que desencadenó una serie de acusaciones que buscan aclarar las autoridades indígenas.
Por la presencia ilegítima de ganado en sus territorios y una crisis humanitaria que amenaza su supervivencia, la comunidad indígena ha emitió una declaración pública en voz de Viviana Estrada Estrada, consejera de mujeres del pueblo yukpa en el resguardo Iroka.
La vocera informó que la decisión de sacrificar y consumir 11 reses fue una respuesta desesperada, pero colectiva, ante el hambre y el abandono. “No fue una acción impulsiva, sino una medida de subsistencia”, subrayan en el comunicado. La ocupación inconsulta de su territorio por ganaderos ha generado daños ambientales irreparables, afectando sus cultivos, fuentes hídricas y su modo de vida ancestral.
La comunidad reitera que las zonas medias y altas de la Serranía del Perijá, especialmente el área del río Casacará, no son aptas para la ganadería extensiva. “Es urgente reflexionar sobre el uso del territorio. La ganadería está destruyendo nuestro entorno y pone en riesgo el recurso hídrico que abastece tanto a comunidades rurales como a actividades agroindustriales”, afirman.
Además, el Pueblo Yukpa recuerda que su situación ha sido reconocida por la Corte Constitucional como crítica. Sentencias como el Auto 004 de 2009, la ST-713 de 2017 y la ST-375 de 2023 advierten el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan debido al hacinamiento territorial, la inseguridad alimentaria y la desatención estatal.
Casos trágicos han marcado a la comunidad: en 2018, dos niños fueron envenenados en la misma vereda, y en 2024, otros cinco menores fallecieron tras contacto con el plaguicida Lorsban, prohibido desde 2022. “Estos hechos pudieron evitarse si las instituciones hubieran cumplido con las sentencias de la Corte”, denuncian.
Frente a las críticas de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), la comunidad Yukpa lanza una pregunta contundente: “¿Por qué indigna más la muerte de unas reses que la de nuestros niños por desnutrición y envenenamiento?”. Denuncian que su pueblo es señalado injustamente como amenaza, mientras los verdaderos agresores del territorio permanecen impunes.
No obstante, los líderes indígenas no cierran la puerta al diálogo. Han expresado su disposición a reunirse con el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, para explicar de primera mano su realidad. “Queremos un diálogo genuino, donde se reconozca nuestra dignidad y se comprenda que nuestras prácticas ancestrales han sido distorsionadas para fomentar el odio y la exclusión”, indican.
En un gesto de apertura institucional, los seis gobernadores del Pueblo Yukpa se reunieron con el comandante del Ejército Nacional, Mayor General Luis Emilio Cardozo Santa María, a quien expresaron su apoyo para fortalecer la presencia militar como mecanismo de protección territorial.
Finalmente, el pronunciamiento cierra con un mensaje de hermandad entre indígenas y campesinos. “Compartimos el territorio, el abandono del Estado y el sufrimiento por el conflicto armado. No estamos en guerra. Es el Gobierno quien debe garantizar nuestros derechos por igual.”
Las tierras del Pueblo Yukpa cumplen una función agroecológica fundamental. Las pocas extensiones que aún conservamos no pueden seguir siendo destinadas a la ganadería extensiva, práctica que ha demostrado ser incompatible con la sostenibilidad de nuestro territorio.
Por ello, hacemos un llamado urgente a la reflexión colectiva sobre la necesidad de proteger las partes medias y altas de la Serranía del Perijá, espacios vitales para la producción de café, cultivos de pan coger, y, sobre todo, para la conservación de fuentes de agua y generación de oxígeno. El cuidado de estas zonas no solo es esencial para nuestra supervivencia como pueblo, sino también para garantizar el recurso hídrico de los acueductos y ministritos de riego que alimenta las zonas planas, también donde se desarrollan diversas actividades agroindustriales, incluida la ganadería, expresaron las autoridades a través de un comunicado.
