Un amplio contingente de miembros de la fuerza pública departamental y nacional, están desplegados en el Cesar y el municipio de Gamarra, para dar con la captura de los responsables de la quema de la sede de la Registraduría de esa jurisdicción, en la que murió una funcionaria y otras cuatro personas están heridas. Las autoridades confirman la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con al paradero de estas personas.
El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía en el Cesar, manifestó que lo ocurrido en Gamarra fue una situación dolorosa, lamentable y repudiable. “No se justifica que un grupo de personas atenten contra la vida de funcionarios públicos y policías. Los uniformados hicieron lo posible por evitar la tragedia; el capitán de manera desesperante les pedía que pararan, que no ingresaran y como respuesta lanzaron combustible y una persona de manera insistente prendió el fósforo y causó este lamentable hecho”, explicó.
Por ello, el personal de la Policía Nacional, de la mano de la Fiscalía General de la Nación para capturar a estas personas que cometieron el hecho ilícito. “Ya están plenamente identificados y uno de los ellos, el principal incitador de la violencia, fue funcionario de la fuerza pública”, aseguró.
Como se recordará el pasado sábado, simpatizantes del exaspirante a la Alcaldía de Gamarra, Fernando Rafael Márquez Astier, quien contaba con el aval del partido En Marcha, realizaron una manifestación por las principales calles del municipio finalizando frente a la sede de la Registraduría, donde rechazaban la inhabilidad, por parte del CNE, de las aspiraciones del candidato.
La situación se fue saliendo de control, y según quedó evidenciado en videos, uno de los protestantes lanzó combustible y luego incendio la infraestructura. En el hecho murió Duperlys Arévalo Carrascal, quien trató de refugiarse en el baño, pero murió calcinada. Entre tanto, resultaron heridas cuatro personas, entre ellas la registradora de esta localidad, Ofelia Patricia Castro Roca, dos funcionarios de la misma entidad y un policía.
La registradora municipal está hospitalizada en la ciudad de Bucaramanga con el 50’% del cuerpo quemado. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue uno de los primeros en reaccionar a los hechos: “Un grupo de ciudadanos protestaba porque su candidato, el 16 de octubre, perdió el aval por parte del Consejo Nacional Electoral. Algunos de ellos, en una actitud delincuencial y demencial, arrojaron gasolina. Los tenemos identificados”.
De acuerdo con el CNE, el exaspirante hasta el 2023, tenía vínculos con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar-Cesar, con sede en esta localidad, y ejecutar una orden con la empresa Empungam S.A.S.E.S.P., entidad pública que presta servicio de acueducto al municipio.
El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, solicita a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional que, en el marco de sus competencias, judicialicen de manera inmediata a los autores materiales de este asesinato y demás conductas delictivas, que se encuentran plenamente identificados en los videos y material publicado en diferentes redes sociales y que, según esta misma información, son seguidores de una campaña política en el municipio de Gamarra. Por otra parte, se solicita que se investigue, identifique y judicialice, también, a los autores intelectuales de estas conductas.
Estas vías de hecho y acciones generan zozobra y amenazan la seguridad de las elecciones. Desde la Registraduría se hace un llamado a todas las autoridades para que garanticen la vida e integridad de nuestros funcionarios en todo el país que, con esfuerzo y dedicación, han trabajado incansablemente por un proceso electoral transparente y rodeado de garantías, dijo el Registrador Nacional.
