No por su buena gestión a favor del departamento del Cesar, salió al ruedo el representante a la Cámara por Cambio Radical, Eloy ‘Chichi’ Quintero, a lanzar críticas contra el ejercicio del periodismo al avalar el polémico artículo de la Ley Anticorrupción, que busca silenciar a la prensa y cárcel para los periodistas que hagan públicas las malas acciones de políticos.
Poco tolerante se mostró Quintero hacia la prensa que lo critica en su falta de gestión y acciones politiqueras que nadan le dejan al departamento del Cesar.
En su intervención para votar a favor de la polémica propuesta legislativa, Quintero afirmó “que es amante de la libertad de prensa”; pero hay que castigar a los periodistas que “se pasan de maracas” criticando a los miembros del Congreso de la República.
Con estas afirmaciones, el congresista ha sido fuertemente criticado en el departamento, considerando que tanto él como su familia son dueños de una emisora radial en Valledupar en la llevan ‘bulto’ más de un político y dirigente de la zona.
AUTOR DE LA LEY CARGA CON UN FEMINICIDIO
En esta misma tendencia, se muestra el congresista César Lorduy, autor de esta ley ‘mordaza’ contra los periodistas, a quien le ha perecido poco tener que llevar en sus hombros la muerte de la joven barranquillera Alicia Ribaldo Pardo, acontecida hace 39 años, y cuyos familiares mantienen la versión de que no se trató de un accidente como lo ha querido hacer ver el congresista, muy por el contrario, hay indicios que tomó el arma de fuego y la mató en el establecimiento Coffe Show, donde trabajaba la joven de apenas 16 años para ese entonces.
No conforme con este escándalo, Lorduy es hoy el principal precursor de una ley que busca ‘matar’ el ejercicio del periodismo, con unas disposiciones alarmantes para callar a los periodistas que sacar a la luz los escándalos de corrupción en los cuales la mayoría de estos políticos se ven inmersos mientras cumplen con el periodo para el cual fueron electos.
REACCIONAN
La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) lanzó una alerta por el artículo que se introdujo en el proyecto y que puede afectar gravemente la tarea que cumplen los periodistas al cuestionar las acciones de los funcionarios públicos.
Se trata del artículo nombrado “Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
También establece que cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece.
Entre tanto, en las últimas horas, el presidente Iván Duque trinó lo que parecería su posición sobre ese “mico” aprobado en Cámara, aseguró que es un defensor de la libertad de prensa y recordó que el Estado firmó la Declaración de Chapultepec, que precisamente obliga a los países miembros de la OEA a defender la libertad de expresión.
“Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, aseguró el mandatario.
El Presidente recordó el primer artículo de esa declaración internacional que dice: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
