Durante la XV Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, advirtió sobre la transformación de los flujos migratorios en la región y planteó la necesidad de construir una respuesta regional autónoma, con enfoque de derechos humanos.
En el panel “Migración, Flujo Inverso y Fronteras Porosas”, Arriero explicó que, mientras en 2023 se registró un récord de 539.959 detecciones de migrantes en tránsito hacia el norte, en el primer semestre de 2025 se observa una reducción del 64% y el surgimiento de un flujo inverso (norte–sur), con 12.300 migrantes retornando a Colombia, de los cuales el 99% son venezolanos.
“Este cambio de patrón nos interpela de manera urgente, no se trata únicamente de cifras, sino de vidas humanas, de familias que enfrentan precariedades, riesgos y vulneraciones”, afirmó.
La funcionaria señaló que los riesgos más críticos están relacionados con la trata de personas, naufragios, violencia en zonas de tránsito y limitaciones institucionales en municipios fronterizos como Acandí (Chocó), Necoclí (Antioquia), Nariño y Putumayo. A ello se suman factores externos como el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y México, el aumento de deportaciones regionales y la reducción de la cooperación internacional.
Arriero planteó un modelo de cooperación regional inspirado en los lineamientos presidenciales, que reduzca la dependencia de ayudas condicionadas y fortalezca la soberanía en la toma de decisiones. “Como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, se trata de replantear el rumbo de la humanidad a través de un nuevo paradigma de cooperación internacional que supere las lógicas del Estado-nación”, sostuvo.
En ese marco, presentó tres líneas de acción prioritarias: Campañas regionales que visibilicen el aporte económico y cultural de los migrantes. Políticas inclusivas que promuevan integración laboral, acceso a educación, salud y reconocimiento de títulos; desarrollo territorial con enfoque migratorio, mediante inversión social en municipios de frontera. La directora concluyó con un mensaje de corresponsabilidad regional: “Nuestra responsabilidad como Estado y como región es construir respuestas integrales, humanas y corresponsables. Migrar no es un delito, sino un derecho humano”.
