La violencia no da tregua en el sur del departamento de Bolívar. Desde hace más de dos semanas, los municipios de Montecristo, Arenal y Cantagallo han sido escenario de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en alianza con disidencias de las FARC, y el Clan del Golfo, quienes se disputan a sangre y fuego el control del territorio, especialmente en zonas estratégicas para la minería ilegal en la Serranía de San Lucas.
Según información confirmada por la Gobernación de Bolívar, tres presuntos integrantes de los grupos armados murieron en combates recientes registrados en zona rural del municipio de San Pablo. Los cuerpos fueron trasladados a la cabecera municipal, donde las autoridades adelantan investigaciones para determinar su identidad y afiliación.
“En San Pablo nos llegaron tres muertos de estos enfrentamientos que tienen aproximadamente 15 días. Al parecer son bajas o supuestas bajas de las estructuras criminales y que están llegando a la cabecera municipal por cercanía”, declaró Manuel Berrío, vocero de la Gobernación de Bolívar, en entrevista con Caracol Radio.
La situación es especialmente crítica en Cantagallo, en los límites con Yondó (Antioquia), donde los combates han obligado al confinamiento de varios corregimientos y veredas. Las autoridades locales reportan que decenas de familias se encuentran atrapadas sin poder salir de sus viviendas debido al riesgo de quedar en medio del fuego cruzado. “Se realizó un consejo de seguridad con el gobernador de Antioquia y los alcaldes de los municipios colindantes para exigir atención inmediata por parte de la fuerza pública. Pero es importante aclarar que el Ejército responde directamente al Ministerio de Defensa, y sin su orden poco se puede hacer”, advirtió Berrío.
Ante el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad, la Gobernación de Bolívar ha solicitado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa que activen un plan de control militar urgente para frenar la violencia en la zona.
“Tenemos aproximadamente 7.000 hombres con jurisdicción en el sur de Bolívar. Lo único que falta es la orden del presidente o del ministro para poder actuar con contundencia. Urge presencia del Estado, inversión y estrategia militar para recuperar el control del territorio”, concluyó el funcionario. Mientras tanto, las comunidades campesinas, mineras y rurales continúan en vilo, en medio de una guerra que parece estar lejos de terminar.
