La Comisión de Género de la Rama Judicial se pronunció con firmeza ante las recientes amenazas proferidas contra jueces y fiscales del departamento del Cesar, atribuidas al grupo criminal Clan del Golfo. La situación ha generado alarma entre los funcionarios del sector justicia, luego de la circulación de panfletos en los que se advierte un posible atentado si no se accede a la liberación de tres presuntos miembros de la organización ilegal.
La magistrada Magda Acosta, presidenta de dicha comisión, rechazó categóricamente los hechos, subrayando que este tipo de intimidaciones atenta contra la independencia judicial y el ejercicio libre de las funciones públicas. “No podemos permitir que los servidores judiciales, y en especial nuestras compañeras mujeres, se conviertan en blanco de amenazas por cumplir con su deber”, expresó Acosta.
El mensaje también fue un gesto de respaldo a las funcionarias judiciales señaladas en los panfletos, quienes han sido directamente nombradas como objetivos del denominado ‘plan pistola’ que estaría planeando el Clan del Golfo en Valledupar.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Cesar fue la primera en alertar sobre estas amenazas, luego de recibir información sobre supuestos planes violentos vinculados a la exigencia de liberar a tres personas presuntamente vinculadas al grupo armado. Ante la gravedad del caso, esta comisión activó los protocolos de seguridad y notificó a las autoridades competentes.
En respuesta, se han iniciado acciones conjuntas entre el sistema judicial y organismos de seguridad del Estado para verificar la autenticidad del material amenazante y reforzar las medidas de protección hacia los funcionarios en riesgo.
La Rama Judicial reiteró su llamado a las autoridades nacionales para garantizar la seguridad de sus empleados y advirtió que no cederá a presiones de grupos ilegales que pretenden vulnerar la legalidad y la justicia en el país.
En los mensajes, difundidos a través de redes sociales, esta estructura criminal declara objetivos militares a jueces y fiscales del distrito judicial de Valledupar como parte de su denominado “plan pistola”, una ofensiva que ya ha dejado al menos 27 uniformados asesinados en diferentes regiones del país en las últimas semanas.
Los panfletos, de tono abiertamente intimidante, exigen la liberación de tres hombres identificados como Miler Mendoza, Jonathan VillaZón (alias Tito) y Mayck Mendoza, advirtiendo que de no cumplirse su exigencia, los funcionarios judiciales responsables del caso serían asesinados, al igual que sus seres queridos.
“Solucionen un vencimiento de término lo más pronto posible, o de no hacerlo, pagará su familia (…) Jueces y fiscales, no estamos jugando. Los acribillaremos”, se lee en uno de los mensajes. Las amenazas mencionan directamente a la fiscal Lina Oñate Daza y a la jueza Mónica Quiroz, quienes ya cuentan con medidas especiales de protección. Mientras tanto, el miedo se cierne sobre los operadores judiciales del Cesar, quienes ahora enfrentan su labor diaria bajo la sombra de las amenazas y la violencia.
