Por: Maye Rodríguez
A más de dos años de la avalancha que destruyó sus viviendas y cobró la vida de un menor de edad, varias familias yukpas continúan a la espera de una reubicación definitiva que les garantice condiciones de vida dignas y seguras.
El desastre natural ocurrido en 2022 afectó a esta comunidad asentada en las cercanías de la carretera principal del municipio de Bosconia, donde habían llegado desplazados desde 2008 debido al conflicto armado. Actualmente, se desarrolla un proceso de consulta previa con la participación de la empresa concesionaria Yuma, la contratista Ingetec y la comunidad indígena afectada, con el fin de avanzar en una reubicación que responda a las necesidades del pueblo yukpa.
Edward Álvarez, asesor del cabildo gobernador yukpa, señaló que la tragedia pudo haberse evitado. Según explicó, la mala planificación en el diseño de la vía a cargo de la empresa Yuma y su contratista habría contribuido a la vulnerabilidad del terreno. “Hay evidencia de que Ingetec pudo haber cometido errores en el diseño de la vía. La obra no se ejecutó adecuadamente y hoy las consecuencias recaen sobre nuestra comunidad”, afirmó Álvarez.
Entre los avances más relevantes del proceso, se logró acordar con el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, la cesión de un lote de dos hectáreas dentro del municipio, donde se prevé construir las nuevas viviendas. No obstante, Álvarez advirtió que el cumplimiento de este compromiso requiere del apoyo de distintas entidades del Gobierno nacional para la dotación de servicios públicos y demás obras de infraestructura. Además de la Alcaldía, en la reunión más reciente participaron representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la autoridad de consulta previa, quienes tomaron nota de las exigencias de la comunidad yukpa.
El líder indígena hizo un llamado a la empresa Yuma para que reconozca su responsabilidad en los hechos y coopere en la búsqueda de soluciones reales. “Nuestra intención como pueblo es llegar a un acuerdo, pero es inaceptable que Yuma y su contratista pretendan evadir su responsabilidad”, sostuvo.
Mientras tanto, las familias afectadas permanecen en condiciones precarias, a la espera de que las promesas de reubicación se concreten en acciones efectivas por parte del Estado y las empresas involucradas.
