El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 639 de 2025, mediante el cual convoca al pueblo colombiano a una Consulta Popular de carácter nacional para decidir sobre una serie de medidas relacionadas con los derechos laborales.
La decisión fue anunciada por el mandatario a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la que indicó que solo se derogará el decreto si el Congreso responde positivamente a las propuestas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo […] sean respondidos positivamente por el Congreso”, escribió Petro.
El decreto fue remitido a la Corte Constitucional, que deberá determinar su viabilidad jurídica. En su artículo 1, el Gobierno invoca la excepción de inconstitucionalidad, amparado en el artículo 4 de la Constitución, y declara inaplicable la decisión del Senado del 14 de mayo de 2025, cuando la Cámara Alta rechazó la solicitud de consulta por 49 votos contra 47.
Doce preguntas clave
El decreto establece que el 7 de agosto de 2025 se llevará a cabo la consulta, compuesta por 12 preguntas de trascendencia nacional, que abordan temas como: Límite a la jornada laboral de 8 horas y jornada diurna entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. Pago del 100% de recargo por trabajo en domingos y festivos.
Tasas preferenciales para mipymes productivas. Permisos laborales por citas médicas y licencias por periodos menstruales. Inclusión laboral de personas con discapacidad. Contratos laborales para aprendices del SENA.
Regulación de trabajo en plataformas digitales. Derechos laborales para trabajadores del campo. Eliminación de la tercerización mediante contratos sindicales. Formalización y acceso a seguridad social para trabajadores informales. Promoción de contratos laborales a término indefinido. Creación de un fondo de bono pensional para campesinos.
El artículo 4 del decreto permite la realización de campañas a favor, en contra o por la abstención, desde la entrada en vigencia del decreto hasta el 6 de agosto de 2025. Asimismo, el Gobierno estableció un componente pedagógico para garantizar que la ciudadanía comprenda el contenido y los efectos de la consulta, a través de acciones lideradas por el Ministerio del Interior y las entidades territoriales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil será la encargada de adoptar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la consulta, en cumplimiento de los principios constitucionales y legales establecidos.
