El nuevo Congreso que se instalará el próximo 20 de julio arrancará con cuestionamientos: cerca del 18,5 % de los parlamentarios electos enfrenta procesos disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.
Según datos oficiales, hay investigaciones abiertas contra 26 senadores (uno de cada cuatro) y 27 representantes a la Cámara (16 %), lo que evidencia que casi uno de cada cinco congresistas tiene líos ante el Ministerio Público.
El panorama se agrava tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ambos no podrán posesionarse, por lo que el Congreso iniciará con dos curules vacías.
Entre los casos más relevantes figura Héctor Olimpo Espinosa, senador electo del Partido Liberal, quien tiene nueve procesos vigentes, así como Alex Flórez, del Pacto Histórico, con varias investigaciones disciplinarias.
En el caso de la Cámara de Representantes, el congresista electo con mayor número de procesos es el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, quien se hizo a 58.171 votos con el aval del Partido Liberal. Es investigado, entre otras, por supuestos líos en el manejo de regalías y por presuntamente no presentar su declaración de bienes y rentas.
Pese a este número de investigaciones, la ley establece que las sanciones disciplinarias no implican automáticamente la pérdida del cargo para funcionarios elegidos por voto popular. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia y estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquier inhabilidad debe ser confirmada por un juez, generalmente el Consejo de Estado.
Así las cosas, el arranque del nuevo Congreso estará marcado por cuestionamientos éticos y jurídicos, mientras los organismos de control avanzan en el esclarecimiento de responsabilidades. En juego está la confianza ciudadana en el poder legislativo.
