Por: Maye Rodríguez
Durante el ‘Foro sobre la Política Pública del Modo Ferroviario en Colombia’, realizado en la Universidad Área Andina de Valledupar, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, celebró los avances en la reactivación del transporte ferroviario en el país, pero advirtió sobre la importancia de que el proceso se desarrolle con planificación y bajo estrictos criterios de sostenibilidad e integración multimodal.
Rodríguez Becerra destacó como un hito la adjudicación del primer contrato de Asociación Público-Privada de quinta generación (APP 5G) para el mejoramiento del corredor férreo La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), de 526 kilómetros de longitud y con una inversión estimada de $3,4 billones. Sin embargo, recalcó que aún persisten retos clave como la modernización tecnológica de la red ferroviaria, incluyendo el cambio a trocha estándar, necesaria para su compatibilidad con estándares internacionales.
El Contralor alertó también sobre la disminución en el uso del transporte férreo: entre 2019 y 2024, la movilización de carga por tren cayó un 34%, y el número de pasajeros transportados descendió de 700.000 a 585.000. Actualmente, el transporte de pasajeros se concentra en los modos carretero (55%) y aéreo (43%).
En cuanto a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que contempla la estructuración y adjudicación de 1.817 km de proyectos ferroviarios, el jefe del órgano de control señaló que solo se ha alcanzado un 28,9% de la meta, correspondiente al contrato adjudicado del corredor La Dorada–Chiriguaná.
A su vez, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) trabaja en la estructuración de 1.492 km adicionales, incluyendo:
APP Red Férrea del Pacífico (560 km), conectando Buenaventura, Loboguerrero, Yumbo, Palmira, Zarzal, La Tebaida y Alvarado.
APP Corredor Bogotá – Corredor Férreo Central (413 km), que une Bogotá, Zipaquirá, Ubaté, Fúquene, Saboyá, Barbosa y Barrancabermeja. Proyectos de obra pública en los corredores Bogotá–Belencito (308 km) y Yumbo–Caimalito (211 km).
Además, se desarrollan estudios de prefactibilidad para nuevas rutas como Villavicencio–Puerto Gaitán, Chocó–Urabá (Conexión Interoceánica) y el Tren del Catatumbo, liderados por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El Contralor fue enfático en que tanto el Gobierno Nacional como los concesionarios deben cumplir rigurosamente los compromisos legales, técnicos, financieros, ambientales y sociales establecidos en los contratos de concesión. Asimismo, recalcó que el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones, incluyendo el aporte oportuno de vigencias futuras y el pago adecuado a los concesionarios, una vez las obras o servicios sean entregados a satisfacción.
Finalmente, Rodríguez Becerra advirtió que los recursos públicos asignados a concesiones 4G y 5G tienen una destinación específica, por lo que no pueden redirigirse sin cumplir estrictos requisitos legales y constitucionales. Cualquier uso indebido podría acarrear consecuencias financieras graves, como el pago de intereses moratorios no contemplados inicialmente.
“Se deben extremar los cuidados para evitar perjuicios presupuestales y asegurar la viabilidad financiera de estos proyectos estratégicos para el país”, concluyó.
