La Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta al Gobierno Nacional por los riesgos fiscales, financieros y jurídicos que podría generar la reducción de recursos asignados al proyecto “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, una de las obras de infraestructura ambiental más importantes del país.
El ente de control envió un oficio de advertencia a los ministerios de Hacienda y Transporte, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el que advierte que decisiones unilaterales que afecten la financiación del contrato de concesión podrían poner en riesgo su estabilidad y derivar en millonarias consecuencias para la Nación.
El documento, firmado por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, señala que cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Nación o por la ANI podría acarrear responsabilidades contractuales, fiscales, disciplinarias e incluso penales para los funcionarios responsables.
La advertencia de la Contraloría se fundamenta en la detección de contradicciones legales entre dos decretos expedidos al cierre de 2025, cuya aplicación —según el organismo— no es coherente con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta situación, advierte el ente de control, genera incertidumbre sobre la disponibilidad real de los recursos ya comprometidos para el desarrollo del proyecto.
