La Contraloría General de la República encendió las alarmas por los retrasos en el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Cesar y en el municipio de Valledupar, situación que dejaría a miles de estudiantes sin el complemento nutricional desde el comienzo del calendario académico de 2026.
De acuerdo con la información reportada por las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y las Unidades Administradoras del PAE (UAPA) los días 23 y 30 de enero, cerca de 800.000 estudiantes en 12 entidades territoriales del país resultarían afectados porque la prestación del servicio de alimentación escolar no coincide con el inicio de clases. Dentro de este grupo se encuentran también las ETC Magdalena, Huila, Chocó y Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
En el caso del Cesar, la Contraloría advierte que el retraso impacta principalmente a estudiantes de zonas rurales y municipios con altos índices de vulnerabilidad, donde el PAE no solo cumple una función nutricional, sino que se convierte en un incentivo clave para la asistencia y permanencia escolar. En Valledupar, entidad territorial certificada, la situación genera preocupación adicional por el alto número de estudiantes beneficiarios y por los antecedentes de ajustes contractuales de última hora en vigencias anteriores.
Ante este panorama, la Contraloría lamentó las reiteradas situaciones fiscales detectadas a nivel nacional en el PAE, entre ellas sobrecostos, deficiencias e incumplimientos contractuales, que comprometen recursos públicos destinados a niños, niñas y adolescentes. El ente de control recordó que el país aún no ha alcanzado la cobertura universal del programa y que cerca de 1 millón 200 mil estudiantes siguen por fuera del PAE.
