La Contraloría General de la República reveló 52 hallazgos fiscales por un total de $223 mil millones relacionados con el mal manejo de recursos del sistema de regalías en la Región Caribe. Dos de los casos más graves corresponden al departamento de Sucre, donde se detectaron presuntas irregularidades por $55 mil millones en proyectos financiados con dineros públicos.
Uno de estos hallazgos, por $25 mil millones, involucra al programa ‘Sucre Escucha’, implementado en 2023 durante el mandato del exgobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Según el informe del ente de control, 24 de las 27 unidades móviles adquiridas para atención psicológica y prevención del consumo de sustancias psicoactivas se encuentran abandonadas, muchas de ellas en el parqueadero del Hospital Universitario de Sincelejo y otras zonas del municipio.
“La Contraloría comprobó que el ejecutor de la estrategia no logró demostrar la prestación de los servicios prometidos, y los equipos de dotación permanecen nuevos, sin uso, dentro de sus cajas originales”, señaló el informe.
El segundo hallazgo de mayor cuantía en Sucre, por $30 mil millones, está relacionado con el proyecto de pavimentación de la vía El Portón – La Y de los Arrastres, en la región de La Mojana. De los 17 kilómetros planeados, solo 5 han sido construidos, a pesar de que ya se han desembolsado $30 mil millones de los $41 mil millones presupuestados. La Contraloría atribuye este bajo avance a la falta de supervisión, lo cual ha impedido mejorar la movilidad y el acceso a servicios básicos para las comunidades locales.
A nivel regional, el informe también incluye otros casos preocupantes como el proyecto de vivienda rural en Fonseca (La Guajira), donde se detectó un faltante de 149 casas, pese a que el proyecto reporta un 73% de ejecución financiera, y el de mejoramiento vial en Tubará-Guaymaral-Paluato (Atlántico), con un hallazgo de $23 mil millones por deficiencias constructivas y de planeación.
Ante la gravedad de las irregularidades, la Gobernación del Atlántico anunció que activará las pólizas de cumplimiento correspondientes, mientras que se espera que los demás departamentos implicados presenten planes de acción o respondan ante las autoridades competentes.
La Contraloría reiteró su compromiso con la vigilancia estricta de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a proyectos que impactan directamente la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
