Un total de $19.45 mil millones de pesos fueron ejecutados de manera irregular en los departamentos de La Guajira y Córdoba, según reveló la Contraloría General de la República en su más reciente informe sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), durante el periodo 2020-2024.
De acuerdo con la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, estos fondos fueron destinados a actividades expresamente no permitidas por la Ley 1176 de 2007, entre ellas, la compra de combustible para vehículos y maquinaria, adquisición de insumos de ferretería y mejoramiento de vías urbanas.
El municipio de Uribia (La Guajira) fue el más comprometido, con un gasto irregular que supera los $8.448 millones, mientras que Montería (Córdoba) figura con $7.165 millones en actividades no elegibles. A ellos se suman Puerto Escondido, con $3.839 millones, lo que convierte a Córdoba en el departamento con mayor número de municipios involucrados en estas irregularidades.
Los recursos del SGP-APSB están destinados exclusivamente a garantizar el acceso a agua potable y el funcionamiento adecuado de sistemas de alcantarillado, por lo que su desviación compromete directamente la prestación de estos servicios esenciales, especialmente en regiones vulnerables.
Además de la ejecución indebida, la Contraloría identificó fallas sistemáticas en la planeación y supervisión de los proyectos. Entre las deficiencias más comunes se destacan la ausencia de estudios técnicos adecuados, demoras en la gestión de permisos ambientales y la falta de alineación entre los proyectos formulados y las necesidades reales de las comunidades.
En su informe, la entidad de control advirtió que estas prácticas generan no solo un daño patrimonial al Estado, sino que afectan la continuidad y calidad de los servicios públicos en zonas que ya enfrentan serios desafíos en infraestructura básica.“El incumplimiento de los marcos normativos y la debilidad en los controles internos están deteriorando la confianza ciudadana y dejando a miles de colombianos sin acceso efectivo a agua potable y saneamiento”, señaló un vocero de la Contraloría. En respuesta, la entidad anunció que se han configurado 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal relacionados con el uso indebido de estos recursos en el país, y que se iniciarán las respectivas acciones para que los responsables respondan ante las autoridades competentes.
La Contraloría hizo un llamado urgente a las autoridades locales de La Guajira y Córdoba para reforzar sus procesos de planeación, ejecución y control, con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población más necesitada.
