La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó en el esclarecimiento de crímenes cometidos en el Caribe colombiano, tras la comparecencia del coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Infantería La Popa, con sede en Valledupar.
Durante la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional, el exoficial reconoció su responsabilidad por omisiones en operaciones militares que derivaron en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, conocidas como falsos positivos. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo vincula a por lo menos 24 hechos que habrían dejado 38 víctimas. En su intervención ante la Sala, Figueroa sostuvo que las órdenes impartidas se emitieron bajo parámetros legales, pero admitió que algunos de sus subalternos actuaron de forma ilícita y que no existieron controles efectivos para evitar crímenes contra civiles.
El coronel retirado también expuso fallas estructurales en los sistemas de supervisión militar y en la respuesta de instancias judiciales y policiales. Según relató, en 2004 solicitó apoyo de un superior para abrir investigaciones internas contra mandos bajo su comando, sin que se adoptaran medidas concretas.
Para la JEP, esta admisión resulta clave para profundizar en la responsabilidad de mando y en las omisiones institucionales que facilitaron la comisión sistemática de violaciones a los derechos humanos, elementos fundamentales para el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. El proceso continuará con el análisis de pruebas y testimonios que permitan determinar el grado de responsabilidad del excomandante y de otros miembros de la fuerza pública involucrados en estos hechos.
