Cuando los paramilitares se tomaron a sangre, fuego y desapariciones la Universidad de Córdoba

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Redacción- Pares    Mancuso regresó a Montería en octubre del 2024. Lo hizo con uno de los hombres a los que más odió en la política colombiana, el político que decidió no doblegarse justo cuando todo el establecimiento le hacía la venia, Gustavo Petro Urrego. Regresaron veinte años después de que él fuera el amo y señor de Córdoba. Había pagado su condena en Estados Unidos y Petro ya era presidente. El péndulo del poder había cambiado. A pesar de sus dos metros de altura ya no era altivo. Al contrario, venía a pedir perdón, a darle la cara a sus víctimas. Además del despojo, de las desapariciones, de los asesinatos, los paras en este departamento cometieron un crimen que no ha sido tan reconocido ni renombrado como otros: el de la toma a la Universidad de Córdoba.

Este no fue la única institución educativa del Caribe en la que los paras quisieron quedarse. También lo intentaron hacer con la Universidad del Magdalena. A comienzos de este siglo Hernán Giraldo y Carlos Castaño, además de Jorge 40, ordenaron el asesinato de un vicerrector, un profesor y un estudiante de la institución. Lo más aterrador es que fue a Carlos Caicedo, el rector de esa universidad, quien le hicieron un proceso judicial que duró más de veinte años. Caicedo era cercano a las víctimas e incluso él mismo estuvo amenazado de muerte.

El plan paramilitar quería extirpar cualquier signo de pensamiento de izquierda en los centros educativos de las regiones donde ejercían dominio. Así pasó también en Cúcuta en donde incluso llegaron a asesinar a dos estudiantes que eran baluartes de la universidad, Edwin López y Gerson Gallardo en el año 2001. En Córdoba, donde estaban sus haciendas más queridas, esta intención fue más que notoria.

La situación de la Universidad de Córdoba fue todavía más dramática. En el año 2000 se había erradicado en la universidad cualquier conato de rebeldía. Los viejos rostros del Ché Guevara habían sido borrados y se hacían protestas con miedo. Se sabía quienes eran los que mandaban en la región, los paras. Desde 1995 la institución educativa más importante de ese departamento venía sufriendo asesinatos selectivos. Ese año mataron al profesor Francisco Aguilar Madera, y al año siguiente asesinaron a otro, Alberto Alzate Patiño y en 1998 mataron a Misael Diaz quien cometió el pecado, como representante de los profesores, de insistir en la convocatoria a las elecciones de los representantes estudiantiles ante el consejo académico. Así que para el año 2000 hablar, manifestarse, era imposible.

Al despuntar el siglo el rector era Eduardo González Rada quien fue obligado a asistir a una reunión con los paras en una finca en el Alto Sinú y después de ese encuentro dio un paso al costado. Hay ofertas que son imposibles de rechazar. Los rumores de corrupción que caían sobre su administración le sirvieron de pretexto a Mancuso y Castaño para ordenarle dimitir. El nuevo rector elegido fue Victor Hugo Hernández. La casa Castaño, ama y señora de Córdoba, convocó a su hacienda a Hernández y le dijo que tenía que alinearse con ellos, que no era una opción sino un mandato. Para que le quedara bien claro que se tenía que hacer así le mataron, mientras estaba en una reunión en su propia casa, a Hugo Iguarán, vicerrector de la Universidad. Varios paramilitares atestiguaron que la orden había salido de Mancuso y que Hernández sabía de esto. Hernández estuvo sólo dos años en la rectoría de la universidad. En esos años de mandato lo hizo con la pistola de Mancuso sobándole la nuca.

Aunque siempre negó su participación en el crimen Hernández fue condenado por este hecho. Antes de recibir la condena alcanzó a escapar del país. Todo el proceso contra Hernández está viciado por falsos testigos y hay un manto de duda en cada una de las decisiones judiciales que se tomaron.

Hasta el 2004, poco después de firmarse el Pacto de Ralito, la desaparición, asesinato y exilio de estudiantes y profesores que no se acomodaran al proyecto paramilitar fue una constante. Por eso es que uno de los compromisos de Mancuso, como gestor de paz, es esclarecer la verdad sobre uno de los episodios más macabros del dominio paramilitar en Córdoba y fue la brutal toma de su universidad. El presidente ha intentado concretar una especie de culminación del pacto de Ralito pero se ha empantanado esta propuesta. ¿Le alcanzará la integridad moral a Mancuso para cumplir con decir la verdad sobre este capítulo de la guerra paramilitar en Colombia?


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