A ocho días de que se posesione el nuevo Congreso de Colombia y ante la decisión de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de suspender a la congresista conservadora Aída Merlano por la circunscripción del Atlántico, la última palabra sobre el futuro de su curul como senadora electa para el periodo 2018 – 2022, la tiene el Consejo Nacional Electoral.
La decisión de la Cámara de Represente obedece a que la senadora electa se encuentra presa en la cárcel debido a un presunto fraude electoral durante los pasados comicios legislativos.
Cabe recordar que también la Procuraduría General de la Nación solicitó revocar la credencial de la congresista Merlano Rebolledo.
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su decisión que se debe dar en las próximos días, es decir, antes de que se declare la elección del nuevo Congreso, deberán determinar cuáles son las consecuencias que tiene la decisión de dejar una figura de “silla vacía” de quienes hayan sido elegidos, tomen posesión y estén en el ejercicio de su cargo, como es el caso de Aída Merlano que actuaba como Representante a la Cámara por el departamento del Atlántico.
La incertidumbre sobre el futuro de la curul del partido Conservador Colombiano radica en que el Artículo 134 de la Constitución Política de Colombia, es claro en señalar las causales para no ocupar una curul, en el caso concreto de Aída Merlano, si se logra comprobar que las acusaciones que existen contra ella son ciertas.
“En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni
por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”. Determina la carta política de Colombia.
Desde hace más de dos meses la senadora electa Aída Merlano está en detención preventiva en el pabellón especial para funcionarios públicos de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, acusada por ser la posible coautora de delitos de corrupción al sufragrante agravado y ocultamiento, retención y posesión de armas.
En este caso también fueron llamados como presuntos auspiciadores del delito el empresario y súper poderoso de la contratación estatal en la costa atlántica, Julio Gerlein Echeverria, hermano del octogenario ex senador conservador Roberto Gerlein que hasta hace poco meses se retiró del Congreso tras permanecer por más de 50 años en esa célula legislativa.
La primera semana de julio, la Corte Suprema de Justicia cerró la etapa de investigación que se le adelanta a la senadora electa, en el proceso por delitos electorales, por lo que en tres semanas definirá si la llama o no a juicio penal.
La congresista por el Atlántico, como se sabe, fue detenida a los pocos días de su elección como Senadora y tras ser allanada su sede de campaña en Barranquilla, conocida como “Casa Blanca” durante la jornada electoral legislativa, en donde unidades del Cuerpo Técnico de la Investigación de la Fiscalía y la Policía Nacional se incautaron de certificados electorales, armas de fuego y más de 260 millones de pesos en efectivo.
