Las organizaciones que integran el proceso social de Garantías del Cesar, junto con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Caribe y otras plataformas de derechos humanos, dieron a conocer su inconformismo ante lo que consideran es la falta de voluntad política y la reiterada dilación por parte de la Gobernación
del Cesar, en la instalación de este espacio esencial para la protección de defensores de derechos humanos.
Señalaron que inicialmente la instalación fue programada para el pasado 30 de noviembre y postergada para el 13 de diciembre de 2024 a solicitud de la Gobernadora Elvia Milena Sanjuán.
«La reciente cancelación no solo refleja una preocupante indiferencia, sino que además impide avanzar en la concertación de decisiones críticas sobre las garantías y la protección de líderes y lideresas sociales, en un contexto nacional marcado por una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el Cesar es alarmante y se agrava con cada nuevo aplazamiento. Este comportamiento negligente contraviene la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional y urgió la continuidad de las Mesas Territoriales y Nacional de Garantías. Estos espacios son vitales para construir políticas públicas efectivas en prevención y protección, y su inactividad supone un desconocimiento de la Constitución y de las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH y el Relator de la ONU», refirieron las organizaciones en un comunicado a la opinión pública.
En este sentido, hacen la exigencia a las autoridades competentes en los siguientes puntos.
1. Instalación urgente y de alto nivel de la Mesa Territorial de Garantías en el Cesar.
2. Participación efectiva de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la toma de decisiones relacionadas con su protección y seguridad.
3. Prioridad en la prevención, implementando estrategias que mitiguen riesgos antes de su materialización.
4. Exigimos a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional velar por el cumplimiento de la Sentencia SU-546 de 2023, así como de las recomendaciones internacionales.
«Hacemos un llamado al Gobierno Departamental del Cesar, al Ministerio del Interior y a los organismos de control para que actúen con responsabilidad y urgencia en la consolidación de este espacio. Asimismo, agradecemos al Sistema de Naciones Unidas y a la comunidad internacional por su acompañamiento constante y respaldo a este proceso en defensa de los derechos humanos», concluyeron.
