Por: Maye Rodríguez
Luego de la protesta pacífica, que la semana pasada realizaron miembros de las cuatro etnias que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos; en la Casa Indígena de Valledupar, la Defensoría del Pueblo liderada por del delegado para los Grupos Étnicos, Daniel Garcés Carabalí, ratificó la autonomía de las autoridades indígenas y el respeto a su cultura y orígenes.
La solución se ha dado mediante el diálogo y la construcción de consensos internos, respetando la autoridad de los mamos como máxima institución representativa del pueblo arhuaco.
A través de un documento la Defensoría del Pueblo indicó “Se emite advertencia a todas las entidades, solicitando abstenerse de registrar al cabildo arhuaco Zarwawiko, hasta tanto internamente esta comunidad arregle sus asuntos de conflictividad”.
No obstante, se enfatiza en que: “El registro por parte del Ministerio del Interior de la nueva directiva desconoció las disposiciones de la Corte Constitucional sentencia T-973 de 2009, en relación con el registro de autoridades indígenas cuando existen conflictos internos. Agudizó una división interna que pone en riesgo la integridad étnica y cultural del pueblo arhuaco como un sujeto colectivo de derecho, aumentando el riesgo de extinción física y cultural”.
En el desarrollo de esta manifestación que reunió a las cuatro etnias que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos, se indicó que tanto el Estado colombiano como el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el viceministro Carlos Baena han desconocido las estructuras de gobierno propio de los pueblos de la Sierra Nevada.
Todo esto porque han pretendido crear asociaciones al interior de estos territorios que generan fragmentaciones y divisiones bajo intereses particulares que en ningún caso responden con lo que han considerado la Ley de Origen, creando autoridades indígenas que no tienen sustento dentro del contexto histórico y cultural, pero además ignorando lo mandatos.
