La Procuraduría General de la Nación, avaló en una audiencia celebrada en el Tribunal Administrativo del Magdalena, la solicitud de pérdida de investidura contra la presidenta de la Asamblea, Claudia Patricia Aarón, quien fue denunciada por un presunto conflicto de intereses al querer ser juez y parte en una sanción emitida contra el diputado Rafael Noya, negándole el derecho de voz y voto en las sesiones de la Duma.
El representante del Ministerio Público en el caso, el Procurador 43 Judicial 2, Manuel Mariano Rumbo Martínez, dijo que la Diputada había actuado “con culpa grave”, porque no se declaró impedida para decidir en la suspensión de su compañero en la corporación, a quien sancionó de rabia por una supuesta expresión del suspendido.
La diputada tuvo tiempo hasta para asesorarse y saber que estaba impedida para tomar parte de la decisión de suspensión al compañero Rafael Noya, pero no lo hizo y actuó enceguecida de la rabia por lo que supuestamente ella vio al leerle los labios al afectado por la suspensión.
La acción fue impetrada por un presunto conflicto de intereses al sancionar al diputado Noya a través de la resolución 006, negándole el derecho de voz y voto al interior de la Duma departamental.
Indicó que Aarón al sentirse presuntamente agredida por unas posturas del diputado, solicitó su sanción a través de la mesa directiva que ella misma preside, siendo juez y parte en la sanción.
LA SANCIÓN A RAFAEL NOYA
El pasado 24 de marzo, en la Asamblea del Magdalena, se confirmó que la Mesa Directiva emitió una sanción contra el diputado Rafael Noya, que consiste en 20 días sin voz y voto en las sesiones ordinarias de la Duma.
Ante los hechos, la Duma emitió la Resolución número 24 de marzo de 2021 “por el cual se impone una sanción en materia administrativa a un diputado del departamento del Magdalena”.
Por ello, Noya acudió a la justicia a la que le pide decretar la muerte política de su colega y compañera.
