Con el objetivo de garantizar que los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se ejecuten de manera transparente, eficiente y con impacto real en los territorios, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular 0032-4 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual se fortalecen los mecanismos del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC).
La directriz, emitida por la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control (DSEC), establece cuatro lineamientos clave orientados a asegurar que las obras aprobadas con regalías se desarrollen en los tiempos previstos y respondan efectivamente a las necesidades de las comunidades.
Según explicó Carlos Uriel Manrique, director de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, la circular está alineada con la misión institucional del DNP. “Nuestro propósito es transformar vidas en los territorios a través de proyectos estratégicos en educación, salud e infraestructura. Para lograrlo, es indispensable utilizar todas las herramientas del Sistema con un enfoque claro en el bienestar de las comunidades”, afirmó.
El primer lineamiento define las responsabilidades de las entidades beneficiarias y ejecutoras antes del inicio de las obras. En esta etapa se exige la verificación de la información que sustentó la aprobación del proyecto, con el fin de confirmar que las condiciones actuales permiten una ejecución adecuada.
El segundo punto se enfoca en la correcta ejecución de las obras. Entre las obligaciones se encuentra el uso riguroso de la plataforma Gesproy para registrar periódicamente los avances, así como el reporte oportuno de cualquier acto u omisión que pueda constituir una irregularidad.
A partir del 1 de enero de 2026, la información sobre avances de obra registrada en Gesproy no podrá ser modificada de manera repetitiva. Los ajustes solo podrán realizarse sobre periodos registrados desde 2026 y cualquier modificación tendrá incidencia directa en la evaluación del Índice de Gestión de Proyectos (IGPR).
El cuarto lineamiento establece acciones obligatorias para las entidades ejecutoras en tres frentes estratégicos: seguimiento permanente, atendiendo los requerimientos del DNP cuando la información registrada no sea clara; visitas de seguimiento, garantizando el acceso a documentos y servicios necesarios para verificar el avance de las obras; y asistencia técnica, mediante la participación en mesas de trabajo y la implementación oportuna de acciones de mejora.
