El presidente Iván Duque hizo presencia en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual presentó los resultados de su programa de Paz con Legalidad.
En el encuentro estuvo presente, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, quien sustentó el más reciente informe sobre la implementación de la paz (informe que se realiza cada tres meses).
Sin embargo, representantes del Partido Comunes, del movimiento Defendamos la Paz, y de organizaciones que siguen la implementación del Acuerdo de Paz; tienen reparos sobre la forma en la que dicho programa fue presentado.
Según denuncia la iniciativa Defendamos la Paz (DLP), el Gobierno armó una agenda para reunirse de manera privada con miembros de altas instancias políticas a nivel mundial para discutir el tema de la paz en Colombia, y no permitió la participación de su contraparte en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), figura que fue creada por el Acuerdo de Paz para dar seguimiento a la implementación, y está conformada por integrantes del Gobierno del Partido Comunes.
Los informes de seguimiento que ha hecho la misma ONU y otros órganos de control político demuestran grandes rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz. Además, según expertos de Colombia+20 “La guerra contra las drogas es una guerra contra los campesinos”.
Por su parte, Comunes dijo que Duque presentó los resultados de su programa “Paz con Legalidad”, que, según ellos, desconocen la implementación integral del Acuerdo.
Diego Tovar, vocero del partido Comunes y representante de la iniciativa Defendamos La Paz, aseguró que Duque quiere cerrar su gobierno dando su versión de la implementación, que “no es toda la verdad sobre la implementación del Acuerdo, de lo que ha pasado en estos cuatro años”.
Además, mencionó que «Apenas nos estamos recuperando del trago amargo de lo que sucedió en Putumayo, con un operativo tan cuestionado, y el presidente no puede ir hablando de garantías para la vida en frente de la comunidad internacional».
Las víctimas, por su parte, reconocen el esfuerzo que se ha hecho desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero aún tienen muchos reclamos. Por ejemplo, solo el 16% de personas con derecho a ser reparadas, lo han sido.
Sumándole que la seguridad en las regiones se ha deteriorado, cosa que se refleja en los asesinatos de los 693 líderes sociales y 303 firmantes de paz desde la firma del acuerdo. Situación que la Corte Constitucional declaró como una violación masiva al Acuerdo de Paz al no garantizarse la vida y seguridad de los firmantes.
