Según una decisión de 39 páginas publicada el pasado 15 de mayo y revelada por El Espectador, un juez en Estados Unidos avaló la extradición de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba.
La Corte Suprema de Justicia colombiana y el Departamento de Estado estadounidense, deben analizar los argumentos presentados por la defensa del exmandatario, entre los cuales argumenta que su regreso a Colombia representa un riesgo para su seguridad, debido a su colaboración en el caso del Cartel de la Toga, donde ayudó a procesar a 22 personas.
Además, asegura haber cumplido más del 60% de su condena. Mientras estas consideraciones son evaluadas, Lyons permanece en Florida bajo medidas restrictivas, pese a haber pagado una fianza de 200.000 dólares y recuperar su libertad el pasado 29 de mayo. Alejandro Lyons Muskus irrumpió en la política en 2011, cuando con apenas 30 años llegó a la Gobernación de Córdoba gracias al respaldo del Partido de La U. Su carrera, sin embargo, pronto se vio manchada por escándalos que van desde corrupción con regalías hasta nexos con parapolíticos.
Según reconstruyó La Silla Vacía, Lyons supo tejer una poderosa red política. Entre sus primeros asesores estuvo el excongresista Miguel de la Espriella, condenado por parapolítica y firmante del pacto de Ralito. Una vez en el poder, Lyons rompió alianzas con sus padrinos políticos y tejió su propio grupo, incluso apoyando la carrera política de su prima, Sara Piedrahita, hoy representante a la Cámara.
EL CRIMEN QUE MARCÓ SU MANDATO
Uno de los hechos más oscuros de su administración fue la desaparición y posterior asesinato de su secretario de Regalías, Jairo Zapa, en 2014. El cuerpo de Zapa fue hallado en un lote vecino a una finca del padre de Lyons. Por este caso, han sido capturadas seis personas, entre ellas funcionarios y contratistas cercanos al exgobernador. Aunque Lyons pidió en su momento que se investigara el crimen, aún no se ha definido judicialmente su vinculación directa.
Lyons enfrenta imputaciones por al menos 20 hechos de corrupción, según la Fiscalía. Entre ellos están el desvío de más de 60.000 millones de pesos de regalías a través de convenios irregulares relacionados con ciencia y tecnología, y su presunta participación en el Cartel de la Hemofilia, un escándalo que involucró pagos multimillonarios a IPS por atención médica a pacientes hemofílicos falsos.
La red tejida por Lyons no solo incluyó funcionarios, sino también empresarios, contratistas y candidatos políticos. Por ejemplo, Guillermo Guerra Gil, representante legal de una IPS implicada, fue respaldado en su candidatura a la Asamblea por el grupo político de Lyons. Otro nombre mencionado es Guillermo Pérez, vinculado a otra IPS beneficiada con 39.000 millones y que financió campañas locales con respaldo del exgobernador.
Desde su llegada a EE.UU., Lyons ha cooperado con la DEA y fue pieza clave en la captura de Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción. Esta cooperación ha sido interpretada como una jugada que podría beneficiarlo judicialmente o incluso permitirle solicitar asilo en ese país. La Fiscalía colombiana evalúa ahora el valor de su colaboración y si le otorgará beneficios judiciales. Aunque la luz verde ya fue dada por el juez estadounidense, la extradición de Alejandro Lyons sigue sujeta a procesos legales y diplomáticos. Las próximas semanas serán clave: la Corte estadounidense deberá decidir si acepta los argumentos de su defensa o autoriza el regreso del exgobernador para enfrentar la justicia en Colombia.
