La historia política del departamento del Cesar pareciera estar signada por la tragedia del fenómeno que les arranca del bolsillo a los colombianos más pobres, alrededor de 50 billones de pesos cada año.
Pasó, con los senadores Mauricio Pimiento Barrera y Álvaro Araujo Castro condenados por el delito de concierto para delinquir y su cercanía con los jefes de las autodefensas unidas de Colombia, que los sacaron de circulación y hoy están en el ostracismo político.
Igualmente, les sucedió a los ex gobernadores Lucas Gnecco y Hernando Molina, también condenados. Por no hablar de los alcaldes, concejales y diputados que a lo largo del territorio cesarense están inversos en líos jurídicos por problemas de corrupción, el tema de moda en las pasadas elecciones presidenciales y que ya el presidente electo anunció que creará un bloque de búsqueda para castigar a los corruptos.
Hoy, después de mucho tiempo que el Cesar no lograba obtener dos curules en el senado, la historia se repite y estaría ad portas de perder una curul en cabeza del ex alcalde de La Jagua de Ibirico Didier Lobo, elegido en representación de Cambio Radical, el partido originario del actual gobernador Franco Ovalle.
El senador Didier Lobo Chinchilla fue electo para el periodo del Congreso 2018-2022 y antes de su posesión la Contraloría General de la Nación le imputó cargos fiscales por $2.914 millones por líos en el manejo de recursos del Programa de Alimentación Escolar, cuando se desempeñó como alcalde del municipio minero por excelencia de Cesar.
De acuerdo con la información suministrada por la Contraloría, de ser hallado responsable, el senador Lobo estaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, en el entretanto de que no pague la multa que le imponga el ente de control.
La situación del senador electo se agravaría si los cargos imputados prosperan en investigaciones penales por eventual corrupción.
La imputación fiscal por estos sobrecostos también cobija el entonces Secretaria de Salud de La jagua de Ibirico, Cenith Echavez Ospino, y a los integrantes de la firma contratista.
Esta es la historia
Transcurría el mes de diciembre del año 2012, cuando el hoy senador se desempeñaba como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico en el centro de Cesar, Didier Lobo Chinchilla firmó un contrato para la alimentación de los niños más pobres de su municipio.
El megacontrato fue adjudicado a la Unión Temporal Servicios Nutricionales por valor de $15.295 millones y financiado con recursos de regalías.
El nuevo escándalo en que está envuelto Lobo Chinchilla, es un hecho que desde el mismo momento de su firma fue voz populi entre la comunidad jagüera, pero que solo hasta ahora un ente de control lo asume.
Este lunes la Contraloría General de la Nación decidió llamar a imputación de cargos fiscales al senador electo por el presunto detrimento patrimonial de 2.914 millones de pesos producto de irregularidades que se desprendieron del mencionado contrato.
De acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la República, Didier Lobo Chinchia, durante su administración como alcalde de La Jagua de Ibirico pagó un valor mayor en paquetes nutricionales, que durante 18 meses, les fueron entregados a niños y niñas desnutridos, madres gestantes y lactantes.
Por este elevado sobrecosto la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $2.384 millones de pesos contra el exalcalde Lobo Chinchilla y los integrantes de la firma contratista, Unión Temporal Servicios Nutricionales, La Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
La investigación de la Contraloría
La historia de este nuevo escándalo inició con una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la ejecución de un contrato firmado el día tres de diciembre de 2012, suscrito entre el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de 15.295 millones de pesos.
En su investigación los funcionarios de la Contraloría detectaron que un estudio de mercado deficiente, que sólo tuvo en cuenta los precios ofertados por las grandes superficies sin tener en cuenta los valores de los pequeños intermediarios y graneros locales.
Los investigadores dictaminaron que como consecuencia de esta situación, la alcaldía de Didier Lobo no estableció en debida forma los precios promedio reales del mercado, y pagó de más por productos como: harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.
De otro lado, el ente de control encontró deficiencias en la calidad de los productos. Por ejemplo, se entregó margarina, cuando se había solicitado mantequilla; la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida. Dichas irregularidades -advierte la Contraloría- no fueron advertidas por el contratista, ni por el interventor ni por el supervisor y llevaron a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida.
Para la Contraloría también existen deficiencias en materia de calidad de los productos entregados a los menores más vulnerables de esta población. Ejemplo claro de estas irregularidades es que la administración de Didier Lobo entregó margarina, cuando se había solicitado mantequilla y la avena instantánea suministrada no cumplía con la norma técnica nacional establecida.
Ante esta situación, advierte el ente investigativo se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida, irregularidades que no fueron advertidas por el contratista, ni mucho menos por el interventor ni por el supervisor, a quienes también les cabe responsabilidad.
En el documento que llegó al Consejo Nacional Electoral se observa: “al candidato Lobo Chinchilla le reposa una investigación disciplinaria en su contra que adelanta la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, con número de radicación (IUS) 2015-323607 y el número de caso (IUC) D-2015-577-795779, por las irregularidades que habría cometido en al menos tres contratos de alimentación escolar durante su gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, por mala calidad de los alimentos, entrega incompleta de las raciones de alimentos, como también por mal uso y mala calidad de los utensilios y menajes respectivos”.
