El hacinamiento en las cárceles y centros transitorios en Colombia continúa siendo una problemática estructural que se agudiza año tras año, sin que se vislumbren soluciones efectivas por parte del Estado. A pesar de las constantes denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos y de múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, la situación no mejora y se siguen vulnerando los derechos fundamentales de miles de personas privadas de la libertad.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en Colombia hay más de 20 mil reclusos por encima de la capacidad instalada del sistema, que es de aproximadamente 81 mil cupos. Esta sobrepoblación carcelaria ha llevado a condiciones infrahumanas para los internos, quienes enfrentan hacinamiento extremo, deficiente acceso a servicios básicos y una completa ausencia de programas de resocialización. A esto se suma la crítica situación en los centros de detención transitoria, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía, donde el hacinamiento alcanza un 142 %, según datos del Ministerio de Justicia.
Las causas de esta crisis son múltiples y están relacionadas con el abandono estatal a la infraestructura penitenciaria, la falta de inversión en programas de resocialización, el aumento de las medidas de detención preventiva sin respaldo logístico, y la lentitud de los procesos judiciales, que impide el traslado oportuno de los detenidos a centros penitenciarios o la definición pronta de su situación jurídica.
Frente a esta situación, la Corte Constitucional ha sido clara y reiterativa en sus pronunciamientos. En la Sentencia T-388 de 2013 declaró el “Estado de Cosas Inconstitucional” en el sistema penitenciario colombiano debido al hacinamiento y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Posteriormente, en la Sentencia SU-122 de 2022, el alto tribunal extendió dicha declaratoria a los centros de detención transitoria, ordenando al Estado implementar un plan de acción integral para superar la crisis. Sin embargo, a la fecha, poco o nada se ha hecho, y el panorama sigue siendo crítico.
La ciudad de Barranquilla no es ajena a esta problemática. La Personería Distrital reportó, con corte al 25 de septiembre del presente año, que los principales centros penitenciarios de la ciudad presentan niveles alarmantes de hacinamiento. La Cárcel Modelo, con capacidad para 454 internos, alberga actualmente a 579 personas privadas de la libertad, lo que representa un hacinamiento del 128 %. En la Penitenciaría El Bosque, el panorama es aún más crítico: tiene capacidad para 640 personas, pero actualmente hay 1.496 reclusos, con un hacinamiento del 234 %. Por su parte, la Cárcel Distrital El Bosque, administrada por la Alcaldía, cuenta con una capacidad de 300 reclusos, pero tiene 430, lo que equivale a un 143 % de hacinamiento. La única excepción es la Cárcel Femenina Distrital El Buen Pastor, que tiene una capacidad para 130 internas y actualmente alberga 116, con una ocupación del 89 %.
La situación en los centros de detención transitoria es aún más preocupante. Estos espacios, diseñados para alojar detenidos de manera temporal mientras se realizan audiencias preliminares, se han convertido en cárceles improvisadas debido a la falta de cupos en los centros penitenciarios. En la URI – UCJ, ubicada en la avenida Cordialidad con carrera 12, se reporta una capacidad instalada para 40 personas, pero actualmente hay 76, lo que representa un hacinamiento del 190 %. En la URI Zonal, ubicada en la Circunvalar frente al puente de la carrera 38, hay capacidad para 30 personas, pero se encuentran 59 detenidos, con un hacinamiento del 96 %.
En las estaciones de Policía la situación es aún más dramática. En la Estación Norte, con capacidad para 16 personas, actualmente hay 114 privados de la libertad, lo que equivale a un hacinamiento del 713 %. En Simón Bolívar, hay capacidad para solo 8 personas, pero actualmente hay 84 detenidos, con un alarmante 1.050 % de hacinamiento. En San José, la cifra es aún más extrema: hay espacio para 12 personas, pero se albergan 165, con un hacinamiento del 1.375 %. En la estación de El Bosque, con una capacidad de 16 detenidos, hay actualmente 34 personas, con un hacinamiento del 213 %. En el CAI de La Victoria, que puede albergar a 8 personas, hay 33, con un hacinamiento del 413 %. Finalmente, en el Centro Transitorio Las Estrellas, la capacidad es de 180 personas y actualmente hay 181, lo que representa un hacinamiento del 100,5 %.
La crisis del sistema penitenciario y de los centros de detención transitoria en Colombia es un reflejo del abandono institucional, la falta de políticas públicas eficaces y la poca voluntad política para enfrentar un problema que lleva décadas creciendo. Las cifras evidencian que la privación de la libertad en el país no garantiza el respeto a la dignidad humana ni ofrece condiciones mínimas para la resocialización de los internos. En cambio, se mantiene un sistema que reproduce la exclusión, la violencia y la vulneración de derechos.
El Estado colombiano tiene una deuda pendiente con quienes están privados de la libertad. Urge una reforma profunda, no solo en términos de infraestructura y cupos, sino también en la política criminal y penitenciaria, que permita avanzar hacia un modelo verdaderamente humano, digno y funcional para la sociedad. Mientras tanto, miles de personas continúan sobreviviendo en condiciones infrahumanas, a la espera de una justicia que no llega y de una solución que aún parece distante.
