La Fiscalía General de la Nación acusó por resuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de seguridad alimentaria, a Jairo Fernández Queseep, exalcalde de Sincelejo (2012-2015); Remberto Gómez Martínez, exsecretario de Salud de ese municipio, y Salwa Rapag Carmichael, exgerente de la ESE San Francisco de Asís de la capital sucreña.
Los hechos están relacionados con la celebración del contrato interadministrativo de prestación de servicios 004 del 19 de marzo del 2015, cuyo objeto era ejecutar actividades de seguridad alimentaria y nutricional; atención integral en enfermedades de la infancia; programas de salud sexual y reproductiva; y salud oral. El monto fijado ascendió a $420.000.000 y el tiempo de ejecución fue de ocho meses.
Los procesados se enfrentarán a un juicio. Para ello, en julio tendrán que acudir ante un juez del circuito para la audiencia preparatoria.
La investigación da cuenta de que el entonces alcalde, al parecer, determinó que el contrato se debía entregar directamente a la ESE sin que mediara un proceso de selección objetiva ni la recepción de otras propuestas comerciales. En ese sentido, el centro asistencial fue beneficiado sin entregar una propuesta formal ni la presentación de su portafolio de servicios.
Los términos del contrato establecían, entre múltiples aspectos, que se debían suministrar refrigerios a niños entre seis meses y tres años, y mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población desplazada. Además de crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y mental.
La Fiscalía estableció que la ESE supuestamente no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto. Es así como realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad. Lo subcontratado superó los $572.000.000, un valor muy por encima de los $420.000.000 del contrato original.
Finalmente, el contrato fue liquidado por el entonces secretario de Salud, quien habría certificado el cumplimiento de todo lo pactado sin tener documentos que sustentaran cada una de las actividades presuntamente ejecutadas.
