Por: Maye Rodríguez
La comunidad negra de Tierra Baja, corregimiento de La Boquilla en Cartagena, denunció públicamente que está siendo víctima de un intento de despojo por parte de los representantes del megaproyecto Serena del Mar y de la Hacienda Los Morros, quienes instauraron una querella ante la Inspección de Policía de La Boquilla con el fin de recuperar un terreno que, según ellos, les pertenece.
Sin embargo, en este sector denominado La Lucha, viven más de 100 familias afrodescendientes que cuentan con Título Colectivo otorgado por la Agencia Nacional de Tierras y que habitan la zona desde hace generaciones. La disputa gira en torno al Camino Real, una vía ancestral utilizada históricamente por la comunidad para comunicarse con Pontezuela y Bayunca, que ahora Serena del Mar pretende reclamar como parte de sus terrenos para facilitar el acceso al proyecto inmobiliario Condominio Las Palmas, ubicado detrás del hospital de la zona.
Líderes comunitarios como Katia Núñez Romero, Jenni Núñez Suárez y Henry Guizamano Vivas han alzado la voz para exigir respeto por sus derechos territoriales y denunciar que este proceso busca invisibilizar su presencia ancestral para facilitar la expansión urbanística. Además, aseguran que han sido víctimas de intimidaciones y desalojos ilegales, como el caso de Mónica Patricia Núñez Suárez, quien relató cómo su vivienda fue derribada sin orden judicial y bajo amenazas de funcionarios públicos.
Título colectivo en riesgo
El abogado Efraín Miranda, defensor de la comunidad, advierte que este conflicto no puede resolverse mediante procesos policivos, ya que los territorios colectivos están protegidos legalmente y cualquier intervención debe ser canalizada a través del Consejo Comunitario y la Agencia Nacional de Tierras.
“El inspector de Policía no tiene la competencia para decidir sobre un territorio colectivo. Cualquier actuación que pretenda modificar el uso o posesión del suelo debe pasar primero por el Consejo Comunitario y luego por la autoridad nacional competente”, aseguró Miranda.
Tras la suspensión de la primera audiencia convocada por la inspectora Geidys María Velásquez Puerta, la comunidad ha solicitado la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras y del Espacio Nacional de Consulta Previa, a quienes piden realizar una sesión especial en Tierra Baja para establecer una ruta de defensa de sus derechos colectivos.
“Serena del Mar y la Hacienda Los Morros nos ven como un obstáculo para sus intereses urbanísticos, pero nosotros estamos en nuestro territorio ancestral, reconocido legalmente. No permitiremos que nos arrebaten lo que por historia y derecho nos pertenece”, sentenció Henry Guizamano.
