Por Luz Andrea Gómez B.
El día de ayer el excalde de Valledupar Fredys Socarrás Reales, recobró la libertad tras la decisión del Juzgado Tercero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías. El también exviceministro de Vivienda salió de prisión domiciliaria bajo tres restricciones.
Esta decisión fue tomada después de que el pasado 9 de enero ante este mismo juzgado, el abogado defensor Socrates Saavedra, solicitara la revocataria de la medida de aseguramiento bajo el argumento que no hubo irregularidad en el procedimiento de permuta de lotes en Valledupar.
El Decreto que tenía en prisión domiciliaria a Fredys Socarras, es el 000690 del 30 de noviembre de 2015, por medio del cual sometía a la capital cesarense a condiciones de urgencia, con el discurso de que se subirían los precios de los predios en la ciudad y esta necesitaba la compra de lotes para ejecutar proyectos de vivienda de interés social y la Policía Metropolitana.
El resultado de esta absolución de la Fiscalía, obedece a que según el fiscal Quinto, Héctor Ruíz, en la emisión del anterior decreto no hubo detrimento, y que el Municipio obtuvo una ganancia de más 3.000 millones de pesos por la permuta.
La defensa del excalde y exviceministro de vivienda, apeló a la defensa utilizando un derecho de petición solicitado a la administración en curso sobre
este concepto, a lo cual respondió: “Que por ser una institución jurídica aplicable en estos asuntos a través del decreto 000690 de 2015 se tuvo la declaratoria de las condiciones de urgencia por motivo de utilidad pública o interés social contemplado en la ley 388 de 1997 que se funda a su vez el soporte de enajenación voluntaria contenido en esta misma ley, que desarrolló la administración municipal y no se desarrolló la urgencia manifiesta en esta resolución contenida en la ley de contratación, esto quiere decir, que no existió irregularidad alguna en el procedimiento para la expedición del decreto 000690 del 30 de noviembre de 2015”.
Según la determinación del juez, el exmandatario continuará vinculado al proceso y mientras la investigación avanza no podrá salir del país, ni realizar contratos con el Estado y cancelar una caución de tres salarios mínimos.
Foto: El Heraldo.
