La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista sucreño Antonio Guerra de la Espriella, por el escándalo con la multinacional Odebrecht.
El fallo indicó que los delitos investigados fueron en calidad de coautor de
concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias de servidor público y de enriquecimiento ilícito de servidor público.
Por tanto la pena de prisión es 164 meses y un día de prisión, más una multas de más de mil millones de pesos e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas».
La Corte lo absolvió por el delito de cohecho. El proceso penal contó con ponencia del magistrado Ariel Torres en la Sala de Primera Instancia.
Cabe recordar que la Corte Suprema ordenó en 2019 la detención preventiva del exsenador como presunto autor de los delitos en mención.
El expediente señala que Guerra «puso conexiones políticas al servicio de una organización delictiva. Está comprobado que mantuvo contacto con directivos de la multinacional brasileña. Lo informado por Bernardo Elías y Otto Bula es creíble. Se trata de testigos directos pues ambos están condenados tras aceptar haber participado en dicha estructura criminal para alcanzar adjudicación de contratos estatales. Ellos aportaron datos de certeza innegable».
Además, «Que hubo una actividad de los miembros de una empresa criminal, entre ellos Antonio Guerra de la Espriella para llevar (…) a los gerente de los bancos Davivienda y Colpatria a otorgar el financiamiento de una pequeña firma extranjera que no tenía la capacidad para adquirir las acciones de Odebrecht en Navelena, mucho menos para lograr el cierre financiero que habría permitido seguir adelante con el proyecto de navegabilidad por el principal río del país, sin importarles las consecuencias de sus acciones pues su único propósito era obtener un indebido lucro económico para sí mismos, en perjuicio de la comunidad por la que el encausado juró trabajar desde el Congreso de la República”.
En la investigación, la Corte encontró a Guerra responsable de haberse concertado con particulares y servidores públicos para que se repartieran contratos de obras públicas en condiciones favorables a Odebrecht con sobornos.
