Por: Maye Rodríguez
Las fotomultas móviles que se aplican en el departamento de Sucre, en particular en el tramo Sampués-Sincelejo-Corozal de la Troncal de Occidente, se encuentran en el centro de un debate político tras ser cuestionadas por su legalidad. El diputado Luis Alfonso Álvarez, del partido Centro Democrático, aseguró que estos dispositivos no están autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), lo que las haría ilegales.
En una sesión de control político en la Asamblea Departamental de Sucre, Álvarez expuso que, según información de la ANSV, los radares instalados en vehículos de la Secretaría de Tránsito Departamental no cuentan con la debida autorización. Además, subrayó que las fotomultas no cumplen con los requisitos establecidos por la ANSV, como la validación de puntos de alta accidentalidad y la comprobación de que estos dispositivos realmente contribuyan a la prevención de accidentes.
La Secretaría de Tránsito de Sucre, a través de una Sociedad de Economía Mixta, ha estado operando el sistema de fotomultas móviles con vehículos equipados con radares. Según Álvarez, este sistema ha generado controversia porque se ha enfocado en puntos con alto flujo vehicular más que en zonas con alta siniestralidad, lo que da lugar a la sospecha de que las multas buscan más fines económicos que de seguridad vial.
De acuerdo con el diputado, más de 7.200 infracciones se han impuesto desde que el sistema comenzó a funcionar, muchas de ellas a conductores de fuera del departamento de Sucre. Esta situación, añadió Álvarez, ha generado malestar en el sector turístico, ya que las multas desincentivan a los visitantes y afectan negativamente la economía local.
Por su parte, el diputado Jairo Barona, también de la bancada del Centro Democrático, coincidió con Álvarez y presentó una propuesta para un debate más profundo sobre la aplicación de las fotomultas. Barona cuestionó la falta de señalización adecuada en los puntos de control y la ausencia de socialización de estas medidas con las comunidades locales. “No se ha cumplido con las normativas, y esto va más allá de la seguridad vial”, afirmó.
En la misma sesión, el diputado Jorge Pérez presentó un informe sobre una reciente reunión entre la comisión accidental de la Asamblea y el Gobierno Departamental. Pérez solicitó que se realice un estudio de siniestralidad en los puntos donde se están aplicando las fotomultas y pidió la suspensión temporal de los operativos en estos lugares.
La Asamblea aprobó la citación a la Secretaría de Tránsito Departamental para que comparezca ante los diputados y aclare la situación. Además, se planteó la necesidad de corregir la Ordenanza 030, que autoriza la operación del tránsito departamental. Según los diputados, la Sociedad de Economía Mixta no debe tener autonomía para operar los radares, sino solo para apoyar las acciones del Departamento de Tránsito.
La modificación a la ordenanza será presentada la próxima semana, y los diputados invitaron a los más de 7.200 infractores a impugnar las fotomultas recibidas, ya que podrían ser ilegales debido a la falta de autorización de la ANSV.
