La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 009 de 2025 para el municipio de Chiriguaná, Cesar, debido al creciente riesgo que enfrentan sus habitantes ante el avance de grupos armados ilegales que disputan el control territorial, especialmente en zonas de alto valor estratégico como la Serranía del Perijá.
Según el organismo de derechos humanos, en el territorio confluyen estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia Frente 41 Cacique Upar de las extintas FARC. Esta presencia irregular ha generado graves afectaciones a los derechos fundamentales de la población, incluyendo homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad.
En el periodo comprendido entre febrero de 2023 y enero de 2025, la Defensoría registró al menos 20 homicidios relacionados con estas dinámicas de violencia: 11 atribuidos al Clan del Golfo, tres al ELN, uno a disidencias de las FARC y cinco a otros hechos de criminalidad común. Los riesgos se concentran tanto en la cabecera municipal como en áreas rurales, especialmente los corregimientos de Poponte, Rinconhondo, La Aurora y La Sierra, donde las comunidades enfrentan una presión directa por parte de los actores armados.
Las poblaciones más vulnerables ante este panorama son los líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, pescadores artesanales, el pueblo indígena Zenú y personas socialmente estigmatizadas por su origen o situación económica.
La Defensoría del Pueblo realizó 31 recomendaciones a entidades estatales como los ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General, la Policía Nacional, el Ejército, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Chiriguaná, con el fin de que activen acciones urgentes de prevención, protección y atención integral bajo un enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH).
Estas medidas están agrupadas en nueve líneas estratégicas, que incluyen atención humanitaria, fortalecimiento comunitario, investigación y acceso a la justicia, protección de líderes, y desarrollo de políticas públicas que mitiguen las brechas sociales y garanticen presencia institucional efectiva. La entidad advirtió que la inacción o demora en la respuesta estatal podría empeorar la crisis humanitaria y aumentar la vulnerabilidad de miles de personas en esta zona estratégica del Caribe colombiano.
La Defensoría reiteró que garantizar la seguridad, prevenir la expansión de la violencia armada y proteger a las comunidades debe ser una prioridad inmediata para el Estado colombiano.
