La Contraloría Departamental de Bolívar realizó una actuación especial de fiscalización en el Hospital de Turbaco, por una denuncia realizada por un veeedor ciudadano por presuntas irregularidades.
Según el ente de control los hallazgos que ascienden a la suma de 212 millones de pesos.
A través del Área de Responsabilidad Fiscal, se dio apertura a siete procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal, en los cuales se vinculó, entre otros, a la actual Subgerente Administrativa Olimpia Gómez Castillo y al Tesorero de la entidad, Rafael Alfonso Díaz Cano.
Así las cosas la Contraloría ha decidido suspender de manera inmediata a la Subgerente Administrativa quien ejerció como supervisora de los contratos y al Tesorero de la entidad, quien realizó los pagos, al parecer, sin contar con los requisitos legales, por lo tanto, su permanencia en el cargo podría afectar la transparencia e imparcialidad de los procesos, en especial, lo relacionado al recaudo de las pruebas.
Esta facultad de solicitar la suspensión del funcionario, le viene dada a la Contraloría desde el artículo 268 constitucional, en aplicación del principio de “verdad sabida y buena fe guardada” y en razón a ello, luego de estudiar los expedientes, las pruebas obrantes en los mismos, se emiten las resoluciones Nos. 0298 y 0299 del 25 de octubre de 2022, donde solicitan a la actual Gerente de la ESE, que proceda de manera inmediata, a la suspensión de dichos funcionarios.
Cabe anotar también que esta es una medida provisional para determinar con el debido proceso, la existencia o no de un daño patrimonial a la entidad.
