De acuerdo con la Contraloría Delegada del Hospital San Jerónimo de Montería, este debe seguir intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud, al menor por un año, ya que en el tiempo que lleva en manos de la Supersalud, aún no se ha subsanado la crisis financiera.
En las conclusiones de un análisis financiero realizado recientemente sobre el Hospital, se encontró que se hace necesario depurar las cuentas por cobrar con el departamento de Córdoba, el manejo de los anticipos, la necesidad de mejorar los recaudos de cartera y por ende la implementación de un plan de austeridad y sostenibilidad financiera.
Además, se debe mejorar la política de generación de ingresos por prestación de servicios a otras entidades, de manera que se mejore el flujo de recursos y por ende el capital de trabajo. Si hay que incentivar adherencia al cumplimiento de procesos, y políticas de seguridad, aplicación de listas de chequeo por servicios y procedimientos, verifica y como si fuera poco en materia jurídica, pesa mucho el impacto de los procesos judiciales en contra y la necesidad de contar con un cálculo adecuado del contingente, para poder medir su impacto en los estados financieros.
Pero como si fuera poco toda esa complicada situación para sacar de la crisis al hospital más importante de la región, los pasivos pasaron de 57 mil a 80 mil millones de pesos. Todo un descalabro financiero y administrativo por parte de una intervención que se convirtió en un fiasco.
La decisión de prorrogar la intervención hasta agosto de 2023, se da a cuatro días de la culminación del Gobierno Nacional y como si fuera poco ratificaron a los mismos que hoy tienen al Hospital San Jerónimo postrado.
Así las cosas, la intención del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, de que la institución se la devolvieran a la Administración Departamental, todo parece indicar no sería bajo su mandato.
