El presidente Gustavo Petro destacó los resultados recientes del financiamiento al sector agropecuario, tras conocerse los indicadores divulgados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), que muestran una inversión acumulada de 124,5 billones de pesos durante su administración. Solo en 2025, los recursos destinados al campo alcanzaron los 48,1 billones de pesos.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que este nivel de inversión explica, en buena medida, el desempeño económico del país. Según señaló, el fortalecimiento del sector rural ha sido clave para dinamizar el empleo y el crecimiento, especialmente en las zonas agrícolas.
Petro atribuyó estos resultados al impulso de la política de asociatividad dirigida a pequeños y medianos productores, tanto rurales como urbanos, así como a la estrategia de reducir la dependencia de la economía nacional de los hidrocarburos. En su mensaje, afirmó que esta orientación ha permitido superar lo que calificó como la “enfermedad holandesa” y diversificar las fuentes de crecimiento. El jefe de Estado también cuestionó el uso que, según él, se daba anteriormente a los recursos de Finagro, al señalar que encontró una entidad que otorgaba créditos a empresas petroleras. Reiteró que, por mandato legal, los créditos subsidiados del Gobierno deben destinarse prioritariamente a la agricultura.
En cuanto a la Reforma Agraria, el presidente informó que el Fondo de Tierras ya cuenta con un millón de hectáreas incorporadas y que cerca de 300.000 hectáreas han sido entregadas a campesinos. Calificó estas cifras como históricas, aunque reconoció que el proceso podría avanzar con mayor rapidez. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que logre adjudicar las 700.000 hectáreas restantes antes de que finalice su mandato.
Petro recordó además que el Acuerdo de Paz de 2016 establece como meta la conformación de un Fondo de Tierras de dos millones de hectáreas y cuestionó la falta de avances legislativos en la aprobación de la Jurisdicción Agraria, otro de los compromisos pactados. A su juicio, esta ausencia normativa limita la protección de la tierra pública frente a posibles apropiaciones indebidas.
