La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que el próximo 15 de septiembre de 2025 hará públicas las sanciones contra exintegrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública involucrados en los macrocasos de secuestros y ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos.
Se trata de una de las decisiones más relevantes en el marco de la justicia transicional, después de varios años de audiencias, reconocimientos de responsabilidad y participación de las víctimas en la construcción de verdad. En audiencias realizadas entre el 31 de julio y el 1 de agosto, varios excomandantes de las Farc admitieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y en el reclutamiento forzado de 18.000 menores de edad. De manera paralela, integrantes de la Fuerza Pública reconocieron su participación en la práctica de falsos positivos, uno de los episodios más sensibles y dolorosos del conflicto armado.
Las sanciones que impondrá la JEP no contemplan penas de prisión en cárceles ordinarias, sino restricciones de movilidad y la obligación de realizar Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador o Reparador (TOAR), en beneficio de las comunidades y víctimas afectadas.
El modelo contempla un máximo de ocho años de cumplimiento, con posibilidad de reconocer el tiempo que algunos comparecientes ya han invertido en actividades de reparación avaladas por la JEP. Los proyectos de fallo fueron elaborados por los magistrados Ana Manuela Ochoa Arias y Camilo Andrés Suárez Aldana, y deberán ser analizados por la sección de primera instancia integrada por Juan Ramón Martínez Vargas, Zoraida Anyul Chalela Romano y Roberto Carlos Vidal López.
Será la primera vez que la JEP dicta sanciones en estos macrocasos, lo que convierte la decisión en un precedente histórico para la justicia transicional en Colombia. Además de su peso jurídico, la resolución tendrá implicaciones políticas y sociales, pues representa un paso en el camino hacia la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición.
