La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 oficiales y suboficiales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por su participación en un plan criminal que entre 2002 y 2008 dejó al menos 604 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe, presentadas falsamente como bajas en combate.
Entre los imputados se encuentran tres mayores generales retirados, dos brigadieres generales, así como coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que hicieron parte de 19 unidades militares bajo la jurisdicción de la I División del Ejército Nacional y, posteriormente, del Comando Conjunto No. 1 Caribe.
La Sala de Reconocimiento de Verdad evidenció la existencia de un patrón macrocriminal ejecutado de forma sistemática y a gran escala, que comenzó en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa en 2002 y se expandió por siete departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
“La finalidad común de esta organización era mostrar éxitos militares falsos como parte de la política de seguridad del Estado”, afirmó el tribunal, que además señaló un sistema estructurado de presiones, incentivos y ascensos que estimulaban la presentación de muertes ilegales como resultados operacionales.
La JEP documentó 358 eventos criminales, siendo 2007 el año más crítico con 159 casos y 257 víctimas. Según la investigación, el 76% de las bajas reportadas por estas unidades fueron falsas.
Los militares imputados tienen ahora 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. Si aceptan su responsabilidad, se realizará una audiencia pública de reconocimiento ante las víctimas y el país. En caso contrario, la JEP podría llevarlos a juicio adversarial, con penas de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables. Este segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 profundiza en el fenómeno conocido como “falsos positivos”, y se suma a decisiones anteriores en las que ya se había imputado a otros 15 militares, algunos de los cuales aceptaron su responsabilidad en 2021.
