Por: Maye Rodríguez
En una jornada marcada por la resistencia pacífica y la exigencia de justicia, el Pueblo Kankuamo se movilizó en las calles de Valledupar para visibilizar la grave crisis humanitaria que enfrentan tras el violento ataque perpetrado el pasado 28 de abril, por miembros del pueblo arhuaco contra la comunidad de Minakamena (Los Laureles), en el predio legalmente adquirido Montesión.
Desde entonces, 56 familias —105 personas, entre ellas 54 niñas y niños— han sido desplazadas forzosamente y se encuentran albergadas en condiciones precarias en la Casa Indígena de Valledupar. A pesar de múltiples acciones jurídicas interpuestas, como denuncias penales, tutelas, querellas y solicitudes a entidades como la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, no ha habido respuestas institucionales efectivas tras 18 días de emergencia.
“Hoy alzamos la voz por nuestros niños sin escuela, por nuestras viviendas destruidas, por la tierra que nos arrebataron y por los derechos fundamentales que han sido vulnerados”, expresó una de las autoridades tradicionales Kankuamas durante la manifestación.
Los hechos denunciados incluyen destrucción de viviendas, bloqueo al ingreso de ayudas humanitarias, confinamiento de familias, profanación de sitios sagrados, un caso de violencia sexual, lesiones a más de 20 personas y cierre total de una institución educativa que dejó sin clases a 70 niños.
“La situación no puede ser fraccionada entre comunidades, lo que ocurre en Montesión afecta a toda nuestra estructura cultural, familiar, educativa y espiritual. La omisión institucional es evidente y alarmante”, indicaron los voceros del pueblo Kankuamo. La movilización tuvo como propósito exigir medidas urgentes de protección, restitución del territorio y reparación integral. El Pueblo Kankuamo reafirmó su compromiso con la paz, la defensa del territorio y la vida, pero dejó claro que no guardará silencio mientras persistan los riesgos y violaciones de sus derechos colectivos.
LLAMADO URGENTE
Los manifestantes solicitaron a la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y al Gobierno Nacional una intervención inmediata que permita garantizar la vida, el retorno digno y seguro al territorio, y la reparación de los daños causados. La movilización concluyó con un acto simbólico en defensa del territorio, en el que participaron líderes comunitarios, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
