Nativos campesinos afrodescendientes de la Isla de Barú, de Cartagena, siguen en la lucha de recuperar sus tierras, que fueron heredadas de 94 colonos. Para ello durante este fin de semana se reunieron representantes de diferentes organizaciones sociales locales, regionales e internacionales para acompañar al abogado Héctor Pérez, quien enfrenta la lucha jurídica en este proceso.
“Estamos unidos todos, sin distingos de ninguna naturaleza, para luchar por la dignidad del pueblo cartagenero, bolivarense y la Costa Caribe, para recuperar las tierras de los nativos y campesinos que han sido despojados violentamente en el transcurso de las últimas décadas por algunas personas de fuera de la ciudad”, dijo.
Recalcó que ese despojo violento ha agudizado la situación social en Cartagena y Bolívar, más miseria, más desplazamientos, violencia y pobreza. “Si devolvemos las tierras a nativos y campesinos, habrá más producción, se reducirán los actos delincuenciales, la actividad del sicariato y la prostitución. También se dignificará la actividad laboral de los nativos que dejarán de ser vendedores ambulantes en los barrios y las playas para regresar a sus tierras a cultivar los productos agrícolas que necesitan los bolivarenses”, expresó.
Indicó el abogado Héctor Pérez que se han desplazado violentamente a campesinos de unas 1.000 hectáreas de tierra y por eso se han visto en la necesidad de venirse para las ciudades a tratar de subsistir para alimentar a sus familias y eso ha dañado el tejido social.
“Hago un llamado a otras organizaciones sociales a nivel nacional a internacional que nos acompañen para seguir esta titánica lucha contra poderosos. Ellos hoy sienten pasos de animal grande y por eso nos quieren asustar con amenazas, pero con nosotros está la justicia y sobre todo Dios”, puntualizó.
La demanda interpuesta por Héctor Pérez consta de 1.200 folios donde está probado el despojo jurídico y violento que lo largo de los años han sufrido los herederos de los 94 colonos dueños originales de la Isla de Barú, según costa en escritura pública del año 1887.
En la acción legal se presentan las pruebas de la manara como muchas personas, a través de demandas de pertenencia prescribieron fraudulentamente grandes porciones de tierras de propiedad de los nativos, con la presunta complicidad de la Oficina de Registro, el IGAC, inspectores de policía y jueces de la República.
