El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó su firme rechazo a la medida que obliga a las gobernaciones y alcaldías a financiar la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía a partir del 30 de junio. Esta decisión, derivada de un fallo de la Corte Constitucional de 2022 convertido en ley por el Congreso, ha generado preocupación entre mandatarios locales y departamentales debido a la falta de recursos suficientes para asumir esta nueva carga sin afectar programas prioritarios.
«Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños», afirmó el gobernador Arana Padauí durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena. En Bolívar, cerca de 3.000 personas se encuentran en esta condición, lo que representa una carga fiscal considerable para el departamento.
El gobernador considera que esta obligación impuesta por mandato judicial vulnera la autonomía fiscal y operativa de los entes territoriales y que no es justo que se impongan cargas que no pueden solventar. «No es justo que la Corte Constitucional siga legislando desde sus fallos. Para eso existe el Congreso», agregó.
Finalmente, el gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para revisar urgentemente los impactos fiscales de este tipo de medidas en los territorios y evitar que los departamentos y municipios terminen siendo los únicos responsables de financiar obligaciones que históricamente han estado en manos del Gobierno Central.
