El Gobierno nacional dio un paso clave en la atención a las víctimas del conflicto armado con la aprobación del Documento Conpes sobre Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado, una política pública que define acciones estructurales para mejorar las condiciones de vida de millones de personas afectadas por este fenómeno en Colombia.
La iniciativa, liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), establece una hoja de ruta con vigencia hasta 2035 y busca superar los factores que históricamente han perpetuado la exclusión social, económica y territorial de la población desplazada. Según cifras oficiales, cerca de 8,9 millones de personas en el país han sido víctimas del desplazamiento interno.
El nuevo Conpes prioriza la reconstrucción de proyectos de vida dignos, la integración sostenible en los territorios de acogida y el fortalecimiento del tejido social, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida. En particular, se articula con los ejes de Seguridad Humana y Justicia Social promovidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La formulación del documento contó con un proceso participativo amplio, liderado de manera conjunta por el DNP, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Unidad para las Víctimas. Entre finales de 2024 y el primer trimestre de 2025 se desarrollaron espacios de diálogo ciudadano en distintas regiones del país, que permitieron recoger propuestas directamente de personas desplazadas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
En total, más de 2.500 personas participaron en encuentros virtuales, jornadas territoriales y espacios nacionales sectoriales, lo que, de acuerdo con las entidades responsables, fortaleció la legitimidad de la política y garantizó un enfoque centrado en las experiencias reales de las víctimas.
La política se sustenta en cinco líneas estratégicas: generación de ingresos, acceso a vivienda digna, garantía de derechos sobre la tierra, fortalecimiento de la educación y la salud, y promoción de la cohesión social. Además, incorpora enfoques diferenciales que reconocen las particularidades de género, etnia y territorio. Entre sus principales objetivos se encuentran mejorar la coordinación entre las entidades del Estado, ampliar el acceso efectivo a la oferta institucional y fortalecer las capacidades comunitarias para facilitar la integración entre la población desplazada y las comunidades receptoras.
