Una serie de órdenes judiciales han desencadenado una ola de arrestos y multas contra altos funcionarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. El alcalde Carlos Pinedo Cuello y la directora de Capital Humano, María Victoria Sabogal Nigrinis, han sido sancionados por desacato a fallos de tutela, revelando un patrón de incumplimiento sistemático a órdenes judiciales que protegen derechos fundamentales.
Estas decisiones, emitidas en enero de 2026, exponen tensiones profundas en la gestión pública y cuestionan el respeto al mérito en los procesos de selección de personal.
El arresto del alcalde: Un golpe directo al mando distrital
El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Santa Marta emitió el Oficio No. 176 el 22 de enero de 2026, ordenando el arresto inmediato del alcalde Carlos Pinedo Cuello. La sanción incluye tres días de detención y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente 6.500.000 pesos colombianos, basados en el salario mínimo de 2026).
Esta medida surge de un incidente de desacato dentro de una acción de tutela interpuesta por la ciudadana Cindis Catiana Montenegro Barrios contra la Alcaldía. Según el auto judicial del 14 de febrero de 2025, confirmado en consulta el 18 de febrero del mismo año, Pinedo Cuello incumplió un fallo de tutela del 2 de diciembre de 2024, emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento.
Este fallo revocaba una sentencia previa y exigía acciones inmediatas para proteger derechos vulnerados. El juez invocó el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que regula las tutelas en Colombia, para imponer el arresto como medida coercitiva y correctiva, no penal. La Policía Metropolitana de Santa Marta ha sido instruida para capturar al alcalde y garantizar el cumplimiento de la pena, mientras la multa se destina al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
Esta no es una destitución del cargo, pero representa un precedente grave. Expertos en derecho administrativo señalan que podría desencadenar investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación, exponiendo al alcalde a suspensiones o inhabilitaciones futuras.
Sanción a la directora de Capital Humano: El núcleo del conflicto laboral
Paralelamente, el Juzgado 011 Administrativo de Santa Marta dictó una sentencia el 22 de enero de 2026 en el incidente de desacato promovido por Luis Abel Sepúlveda Sánchez contra el Distrito de Santa Marta y entidades vinculadas. La directora de Capital Humano, María Victoria Sabogal Nigrinis, fue declarada responsable de incumplir un fallo de tutela del 1 de septiembre de 2025. La sanción: tres días de arresto conmutable y una multa de cinco salarios mínimos mensuales.
El caso de Sepúlveda Sánchez se remonta a un concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en 2018, para empleos en municipios priorizados postconflictos. Sepúlveda ocupaba el cuarto lugar en la lista de elegibles para la OPEC No. 73927, según la Resolución No. 4905 del 3 de abril de 2023. Tras el fallecimiento del primero, la no presentación del segundo y la renuncia de la tercera, Sepúlveda solicitó su nombramiento en julio de 2025. Sin embargo, la Alcaldía dilató los trámites, presuntamente para que la lista venciera el 12 de octubre de 2025.
Esto desencadenó una batalla legal: una tutela inicial en agosto de 2025, confirmada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, seguida de tres incidentes de desacato en septiembre, octubre y diciembre de 2025. Cada uno resultó en multas de cinco salarios mínimos, culminando en el arresto para Sabogal Nigrinis. El juez conminó al alcalde Pinedo Cuello a ordenar el cumplimiento, pero la persistencia en el desacato agravó la situación.
Sepúlveda ha denunciado presuntos delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión ante organismos de control, y planea demandar por daños morales y económicos, invocando mecanismos de conciliación en la Procuraduría. «Esta odisea muestra que el mérito no se respeta en nuestro país», expresó en un relato público, destacando temores por su integridad al asumir el cargo en una ciudad ajena.
Implicaciones: ¿Crisis institucional en Santa Marta?
Esta «ola de arrestos» no es aislada. Revela un patrón de resistencia a fallos judiciales en la Alcaldía, vinculados a disputas laborales y tutelas por derechos fundamentales. Sobre todo de parte del alcalde Pinedo quien se jacta en decir que es un “cumplidor “ de la leyes, cuando todo el mundo sabe que no es así y una vez más se confirma con estos últimos fallos.
Fuentes judiciales indican que las sanciones buscan coercer el cumplimiento, pero podrían erosionar la confianza pública en la administración de Pinedo Cuello, electo por fallo judicial y no por voto popular en 2023. La CNSC y la Alcaldía no han emitido declaraciones oficiales hasta el momento, pero el caso resalta fallas en la implementación de listas de elegibles, un pilar del sistema de carrera administrativa en Colombia.
