La Sierra Nevada de Santa Marta, epicentro cultural para los pueblos indígenas y uno de los destinos turísticos más importantes del país, atraviesa una grave crisis de seguridad por la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo, dos estructuras surgidas tras la desmovilización paramilitar.
La ONU Derechos Humanos en Colombia condenó la imposición de castigos y sanciones ilegales en Santa Marta y Valledupar, presuntamente cometidos por las ACSN. La entidad confirmó haber analizado 19 registros audiovisuales que evidencian violencia física, trabajos forzados, humillaciones públicas, inmovilización y pedidos de perdón obligados, acciones que podrían constituir tortura y tratos crueles.
Entre las víctimas hay mujeres forzadas a hacer labores domésticas y a quienes se les rapó el cabello. La ONU advirtió que estos actos vulneran la dignidad de la población y debilitan la gobernabilidad local.
Expertos señalan que las ACSN, surgidas tras la desmovilización de las AUC y con presencia en Magdalena, La Guajira y Cesar, han consolidado un fuerte control territorial, incluso resistiendo la expansión del Clan del Golfo, que cuenta con cerca de 9.000 integrantes frente a menos de 500 de las ACSN. Aunque este grupo buscó ingresar a la política de “paz total”, no se logró instalar una mesa de diálogo formal.
La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas por la expansión de las ACSN hacia otras regiones, como César, La Guajira e incluso Santander, donde su disputa con el Clan del Golfo aumenta el riesgo de reclutamiento de menores, extorsiones, violencia de género y desplazamientos forzados.
