En un acto realizado este martes en la Universidad del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, promulgó la Ley 2568 de 2026, una reforma estructural al artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que redefine el esquema de financiación de las instituciones de educación superior públicas en Colombia.
La nueva normativa marca un hito histórico en la política educativa del país, superando el modelo que durante más de tres décadas vinculaba el crecimiento presupuestal de las universidades al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que según el Gobierno no reflejaba los costos reales de la formación académica, investigación, infraestructura y pago de planta docente.
Con la promulgación de la Ley 2568, el cálculo de los recursos para las universidades públicas pasará a depender del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que toma en cuenta los gastos específicos del sector educativo. Además, la norma incorpora recursos adicionales destinados a ampliar la cobertura educativa, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas. El nuevo marco legal también vincula de manera progresiva la inversión en educación superior pública al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con la meta de que, a largo plazo, la financiación llegue a representar el 1 % del PIB, acercando a Colombia a los estándares de inversión educativa de otros países de la región.
