En medio de la emergencia invernal que golpea al departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro anunció una medida de fondo para mitigar las recurrentes inundaciones en el bajo río Sinú: la recuperación de humedales, ciénagas y caños que han sido ocupados de manera irregular.
El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que la obstrucción de estos ecosistemas estratégicos ha alterado el flujo natural del agua, convirtiéndose en una de las principales causas de los desbordamientos que hoy afectan a miles de familias en Montería y municipios aledaños. “El agua debe circular”, enfatizó el presidente, al señalar que estos espacios deben cumplir su función natural como reguladores hidráulicos.
Según explicó Petro, la estrategia consiste en restituir las tierras que hacen parte de zonas cenagosas y planicies inundables, permitiendo que el agua se expanda durante las temporadas de lluvias intensas sin generar represamientos artificiales. El objetivo es reducir el impacto de las crecientes y prevenir nuevas emergencias asociadas al invierno y al cambio climático.
Para llevar a cabo este plan, el Gobierno Nacional articulará acciones entre las autoridades ambientales, la fuerza pública y las entidades territoriales. El presidente recalcó que la recuperación de estos cauces es prioritaria para restablecer el equilibrio hídrico de la cuenca del río Sinú y proteger a las comunidades ribereñas que históricamente han sido las más afectadas por las inundaciones.
La medida ha sido respaldada por expertos en ecología y gestión del riesgo, quienes coinciden en que la restauración de humedales y zonas inundables es una de las herramientas más efectivas para la prevención de desastres. Devolverle al río su espacio natural, señalan, reduce la presión sobre los jarillones y fortalece la capacidad de adaptación climática del territorio.
No obstante, el anuncio también reabre un debate sensible en Córdoba: la ocupación y tenencia de tierras en áreas de protección ambiental. Mientras las familias damnificadas ven en esta decisión una posible solución estructural a un problema histórico, gremios y propietarios locales se mantienen a la expectativa sobre cómo se desarrollará el proceso de restitución y cuáles serán sus alcances.
