El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estimó que el plan de atención del hábitat para enfrentar la emergencia en la Costa Caribe demandará inversiones cercanas a $5,8 billones, con el fin de atender los daños ocasionados por las inundaciones en vivienda e infraestructura de servicios públicos.
La ministra Helga María Rivas Ardila precisó que del total proyectado, más de $4,4 billones estarían destinados a intervenciones en los sistemas de acueducto y alcantarillado, mientras que una cifra superior a $1,3 billones se orientaría a la construcción de viviendas nuevas, mejoramientos locativos y conexiones a servicios públicos.
Según explicó la funcionaria, la magnitud de las afectaciones obliga a gestionar recursos adicionales, por lo que consideró necesaria la declaratoria de la Emergencia Económica. “La aprobación del Decreto de Emergencia Económica resulta fundamental para generar viabilidad en los procesos de reasentamiento, reubicación y gestión de suelo, y avanzar en una respuesta integral que proteja la vida, el hábitat y la dignidad de las familias afectadas”, afirmó.
De acuerdo con el balance oficial, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y La Guajira se reportan 4.345 viviendas destruidas. De ese total, 4.298 están en Córdoba, 26 en La Guajira, 15 en Magdalena y 4 en Chocó. Asimismo, se registran 11.832 viviendas afectadas: 6.177 en La Guajira, 4.023 en Córdoba, 813 en Sucre, 417 en Antioquia, 350 en Bolívar y 32 en Magdalena.
La infraestructura de agua y saneamiento también presenta daños significativos. Más de 103 municipios han resultado afectados, según reportes del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, con información suministrada por los Planes Departamentales de Agua, empresas prestadoras de servicios públicos y gestores territoriales. En detalle, 71 municipios reportan afectaciones en los sistemas de acueducto, 40 en redes de alcantarillado y 35 en sistemas de aseo. Como consecuencia, se estima que alrededor de 3,3 millones de personas han resultado afectadas por la interrupción, colmatación o daño en los servicios de agua potable y saneamiento básico.
E
