Una decisión judicial sacudió a Barranquilla y encendió las alarmas de las autoridades. El Juzgado Primero Penal del Circuito, en cabeza de la jueza Sheila Ortega, dejó sin efecto la medida de aseguramiento contra Digno Palomino, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la organización criminal Los Pepes y vinculado a por lo menos 17 homicidios ocurridos en la ciudad y su área metropolitana.
El argumento central del fallo es la supuesta falta de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía para mantenerlo privado de la libertad. La jueza acogió la solicitud de su defensa, liderada por el abogado Cristián Morelli, quien sostuvo que el ente acusador no logró demostrar de manera contundente la participación directa de Palomino en los crímenes atribuidos.
“Mi cliente no puede permanecer detenido sobre la base de conjeturas. La justicia debe ceñirse a la evidencia, no a la presión mediática”, declaró Morelli al término de la diligencia judicial.
La noticia ha generado una fuerte ola de indignación en la ciudadanía. Líderes comunitarios y organizaciones sociales advirtieron que la eventual libertad del presunto jefe de Los Pepes podría recrudecer las disputas criminales en la Costa Atlántica. “Esto es un retroceso en la lucha contra el crimen. El mensaje que se envía es de impunidad”, expresó un representante de la veeduría ciudadana en Barranquilla. En redes sociales, el fallo fue catalogado por algunos usuarios como un “golpe a las víctimas” y un reflejo de las debilidades del sistema judicial.
Aunque la decisión no implica una liberación inmediata, ya que Palomino aún enfrenta otros procesos penales en curso, sí representa un revés para la Fiscalía y un respiro para la defensa del señalado capo. Por ahora, la última palabra la tendrán los tribunales superiores y los órganos de control, mientras Barranquilla observa con preocupación las repercusiones de esta decisión.
